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Luego de una serie de postergaciones de diligencias y audiencias entre otras razones por falta de
comparecencia de los acusados y de los testigos, los abogados de la defensa alegaron la extinción de la
punibilidad por prescripción de la pretensión punitiva cuyo plazo máximo con respecto al homicidio era de
20 años, plazo que se computó restando 10 años dado que el único reo ya había cumplido 70 años en 1995. En
2006, las Cámaras Penales Reunidas del Tribunal de Justicia de Pará declararon extinta la punibilidad del
delito al único imputado.
En su Informe de Fondo la Comisión, luego de considerar una serie de elementos tomados en su
conjunto, concluyó que el Estado brasileño era o debería hacer conocido de la situación de riesgo real e
inminente en la que se encontraba el señor Sales Pimenta y que no adoptó ninguna medida para protegerlo de
dicho riesgo e impedir su materialización.
Por otra parte, la CIDH consideró que el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de asociación y la
defensa de los derechos de los trabajadores rurales por parte del señor Sales Pimenta provocó una represalia
fatal en un contexto de total desprotección por parte del Estado. Considerando que esta represalia fue la
motivación del asesinato de la víctima, la CIDH concluyó que el Estado brasileño es internacionalmente
responsable de la violación del derecho a la libertad de asociación.
La Comisión concluyó que la investigación de los hechos relacionados con la muerte de Gabriel Sales
Pimenta, que finalizó en 2006 con una decisión de prescripción, estuvo marcada por omisiones del Estado.
Entre otros, la Comisión estableció que las autoridades no actuaron con la debida diligencia para evitar la fuga
del acusado y que se violó el plazo razonable. La Comisión concluyó además que el Estado violó el derecho a
la integridad personal en perjuicio de los familiares de la víctima.
Por otro lado, en 2008 la madre de Gabriel Pimenta, Maria da Glória Sales Pimenta, interpuso una
demanda de indemnización contra el estado de Pará por daños morales resultantes de la morosidad en la
tramitación del proceso penal y la consiguiente impunidad por el asesinato de su hijo. Ella falleció en 2016 sin
que ella ni sus familiares recibieran indemnización alguna.
En virtud de todo lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado de Brasil es responsable por la
violación de los derechos establecidos en los artículos I (derecho a la vida); XVIII (derecho a la justicia); XXII
(derecho de asociación) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 5.1 (derecho a la
integridad personal); 8.1 (garantías judiciales) y 25.1 (protección judicial) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1.
Tal como se describe en el informe de fondo la Comisión aplicó en distintos extremos del caso la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, tomando en cuenta la fecha de entrada en vigor de este instrumento en el Estado de Brasil.
El Estado de Brasil ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de septiembre
de 1992 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998. La muerte de Gabriel
Sales Pimenta ocurrió con anterioridad a la ratificación de la Convención Americana por parte de Brasil, por
lo que el sometimiento del presente caso a la Corte Interamericana se refiere exclusivamente a los hechos que
comenzaron o continuaron ocurriendo con posterioridad a ficha fecha, relacionados en los fundamental con
falta de debida diligencia en la investigación y los factores que han ocasionado una denegación de justicia en
relación con los hechos del caso.
La Comisión ha designado al Presidente de la CIDH, Comisionado Joel Hernández como su delegado.
Asimismo, a Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta y Jorge Meza Flores, especialista de la
Secretaría Ejecutiva de la CIDH, quienes actuarán como asesores legales.

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