comprenda en las disposiciones sólo aquellos casos en que acumulativamente se cumplan los siguientes requisitos: a) ser ahorrista de los Bancos de Montevideo o Caja Obrera; b) cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones y c) sin mediar su consentimiento. Según las peticionarias, el grupo de ahorristas que representan depositó los ahorros en el exBanco de Montevideo y los ahorros fueron desviados sin su consentimiento hacia una Institución del mismo Grupo Económico (Grupo Peirano) con sede en el extranjero denominado T.C.B. y que no tenía autorización para captar ahorro público en la República Oriental del Uruguay. 13. Las peticionarias afirman que el último recurso interno que tuvieron fue acudir al poder legislativo para que se reconocieran sus derechos. Así, los ahorristas impulsaron la aprobación de un proyecto de ley para que se declarara, por vía interpretativa, que estaban conferidos en la facultad comprendida al Banco Central del Uruguay en el artículo 31 de la Ley 17.613. Las peticionarias aseguran que pese a que el proyecto fue aprobado en primer debate, el 4 de mayo de 2004, la Cámara de Diputados negó definitivamente la proposición. 14. Las peticionarias declaran que el Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas y los Poderes Ejecutivo y Legislativo no sólo violaron el derecho de propiedad de los ahorrista con actos directos, sino que omitieron el deber de garantizar el pleno ejercicio del derecho de propiedad de los ahorristas, impidiendo la reparación de las violaciones cometidas por el Banco de Montevideo, propiedad de un grupo familiar conocido como Grupo Peirano, quien cometió una estafa de idénticas características contra ahorristas uruguayos en el año 1972. La inoperancia y pasividad cómplice de las autoridades, respecto a los ahorristas del Banco de Montevideo, afirman las peticionarias, cuyos ahorros fueron desviados al exterior sin su consentimiento, les perjudicó, lesionó y afectó directamente con múltiples violaciones de los derechos humanos, en especial de los derechos de propiedad, de igualdad y a la vida. B. Posición del Estado 15. El Estado solicitó que la denuncia fuera declarada inadmisible debido a que “no se han agotado los recursos de la jurisdicción interna, ni a nivel de la justicia administrativa ni de la justicia civil”. Además, el Estado argumentó que no tuvo ningún tipo de responsabilidad por los hechos descritos y que sus autoridades administrativas, legislativas y judiciales adoptaron las medidas legales pertinentes para solventar la situación y resolver las peticiones presentadas por los inversores, por lo cual no se produjeron las supuestas violaciones. 16. El Estado señaló, como cuestión previa y de especial pronunciamiento, lo siguiente: a) Quienes subscribieron la denuncia (...) son inversores en participaciones de certificados de depósito emitidos por un banco constituido y radicado en Islas Caimán, denominado Trade & Commerce Bank, el cual no era supervisado ni controlado por el Banco Central del Uruguay6. b) La participación de dichos certificados de depósito era una más de las variadas inversiones que ofrecía el Banco de Montevideo S.A. c) Dicha inversión era realizada por cuenta y riesgo del cliente. d) El emisor de los certificados de depósito, obligado al cumplimiento de las obligaciones que de los mismos se derivaban, era una institución controlada por la autoridad competente de Islas Caimán. e) Banco de Montevideo S.A. era una institución de intermediación financiera, sujeta al control y supervisión del Banco Central del Uruguay, la que, por 6 Las peticionarias respondieron “No somos inversores sino ahorristas del Banco de Montevideo” nuestros ahorros fueron desviados sin nuestro consentimiento y conocimiento al T.C.B. (que nunca existió y nunca tuvo autorización para captar ahorro público en nuestro país)”. El Juez del Juzgado Letrado en lo Penal de 8º, donde se procesó con prisión a cuatro ex-gerentes del Banco de Montevideo, señalo: “el T.C.B. nunca existió ya que era una ficción jurídica y era el instrumento para propiciar el fraude. Su contabilidad se llevaba en una oficina secreta en Zona Franca de Montevideo y no poseía soporte físico hasta septiembre de 2001”. 4

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