27 condición de ley y genera una afectación a la libertad de expresión ya que el efecto inhibidor puede originarse tanto a partir de la aplicación de sanciones demasiado elevadas, como de la indeterminación previa a la publicación del alcance de las restricciones. En tales circunstancias, las personas deberán recurrir a la autocensura para no exponerse a sanciones legales. La citada norma es genérica y orientadora, sin embargo, al establecer restricciones a un derecho fundamental requiere precisión. 79. En relación con el argumento estatal según el cual las falencias normativas se encuentran solucionadas por vía jurisprudencial, los representantes indicaron que la “imprecisión excesiva de la ley no puede resolverse por [dicha vía], debido a […] la falta de obligatoriedad de seguir los precedentes de la Corte Suprema” y a que los jueces del fuero civil tienen una tendencia a aplicar criterios más vinculados a la reparación de daños que a la protección de la libertad de expresión. Además, aceptar dicho argumento “implicaría desplazar la facultad de restringir los derechos humanos del órgano legislativo al poder judicial”, contradiciendo los estándares convencionales. Adicionalmente, la doctrina de la real malicia a la que refiere la jurisprudencia alegada por el Estado no es aplicable “a casos vinculados al derecho a la intimidad, en tanto en estos casos las discusiones no giran en torno a la publicación de datos erróneos, sino en torno a la cuestión de si podía hacerse pública [la] información referida […] al ámbito privado de una persona”. Es más, la situación interna es precisamente la contraria a la señalada por el Estado, esto es, no existe legislación precisa sobre el derecho a la intimidad que delimite los casos en que la protección de dicho derecho genera una restricción al derecho a la libertad de expresión. 80. Respecto a la ausencia de criterios para la determinación de montos indemnizatorios, los representantes afirmaron que en el derecho argentino, el criterio para establecer el monto indemnizatorio consiste en ponderar el daño sufrido y fijar un monto equivalente y dado que en estos casos en general se trata de daños inmateriales, la justicia tiene absoluta discrecionalidad para establecer el monto de la indemnización. Ello se evidencia en el presente caso ya que en ninguna de las sentencias internas se hace siquiera una mínima mención a criterio alguno utilizado para determinar el monto de ciento cincuenta mil pesos primero y sesenta mil pesos después. Los jueces asumen la función de fijar montos como una actividad discrecional, desvinculada de parámetros objetivos. Además, en la jurisprudencia argentina rige el criterio según el cual toda afectación al honor o a la intimidad de una persona causa un daño, sin que se requiera comprobación. El sistema de determinación del daño del Código Civil es el sistema previsto para todos los casos de daños, sin considerar en forma particular aquellos casos en los cuales la asignación de éste es también la graduación de la entidad de la restricción a un derecho humano, como la libertad de expresión. En este sentido, al establecer la existencia del daño y el monto indemnizatorio, el eventual efecto que la asignación de un monto elevado pueda tener sobre la libertad de expresión y el debate propio de una sociedad democrática, en general, no jugará ningún papel dentro de la estructura lógica del fallo, que estará circunscrita a la estimación del daño y de la suma de dinero que pueda propiciar su compensación. 81. Por último, los representantes indicaron que ni la ley vigente, ni la jurisprudencia arraigada, incorporan en forma efectiva dentro del ordenamiento jurídico el criterio de proporcionalidad de los montos de asignación de responsabilidades ulteriores. Por otra parte, el riesgo de enfrentar una demanda como la del caso no se limita a hacer frente al monto de condena, sino también a los gastos de la parte contraria, más intereses, por lo cual la suma total que se puede terminar pagando puede ser más del doble del monto fijado en concepto de indemnización de