Los hechos del caso se refieren a la ejecución extrajudicial de 11 personas –incluyendo 3 niños- y lesiones causadas a un grupo de 29 pobladores de la finca Xamán, cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas en octubre de 1995 y la impunidad en que se encuentran tales hechos.

La Corte IDH ubicó los hechos del caso en el contexto del conflicto armado interno ocurrido en Guatemala entre los años 1962 y 1996 durante el que se aplicó la llamada "doctrina de la seguridad nacional" que consideraba al pueblo maya como "enemigo interno".

En su Sentencia la Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado por la falta de diligencia en la aprehensión de las personas prófugas, pese al dictado de órdenes de captura. Analizó también los deberes especiales del Estado en relación con los niños y la niña víctimas de la masacre.