30. Además, al reiterar su condena a la criminalización del delito de desacato, la CIDH tuvo la oportunidad de expresar su preocupación por el uso de las disposiciones legales sobre delitos contra el honor de la misma manera que las leyes sobre desacato: Además, muchos de éstos siguen utilizando leyes sobre delito de difamación, injuria y calumnia, que con frecuencia se utilizan, en la misma forma que las leyes sobre desacato, para silenciar a quienes critican a las autoridades24 31. A su vez, en 2017, el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión y el Relator Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información emitieron una Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión, la Desinformación y la Propaganda en la que afirmaron que "las leyes penales sobre la difamación constituyen restricciones desproporcionadas al derecho a la libertad de expresión y, como tales, deben ser derogadas”.25 32. La Corte Europea de Derechos Humanos ("Corte EDH"), por su parte, adopta, a su manera, una posición que también refuerza la excepcionalidad de la respuesta penal. Es decir, admite la posibilidad de perseguir penalmente a los periodistas sólo en circunstancias extremas, cuando otros derechos fundamentales se ven gravemente afectados26. Por otro lado, reconoce que la represión penal de la difamación en un contexto de debates sobre asuntos de interés público produce inevitablemente un efecto inhibidor "por su propia naturaleza" (véase Cumpana y Mazare vs. Rumanía)27. No obstante, cabe señalar que, aunque la Corte Europea se abstiene de adoptar una postura más incisiva sobre la incompatibilidad de la respuesta penal para frenar el discurso de interés público, dicho Tribunal ha llamado la atención en sus sentencias en repetidas ocasiones sobre la Resolución nº1577/2007 de la Asamblea del Consejo de Europa, que insta a los Estados a abolir el tipo penal de la difamación.28 33. Volviendo al contexto interamericano, como he podido recapitular más arriba, la Corte ha sostenido desde hace mucho tiempo que las manifestaciones de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público, y por lo tanto esenciales para la democracia y accountability de los funcionarios públicos, gozan de un nivel de protección más alto que otras manifestaciones.29 En consecuencia, cuando se trata de asuntos de interés público, debemos cuestionar cada vez más si hay un interés social imperativo que justifique efectivamente la existencia de tipos penales específicos para castigar los delitos contra el honor cometidos por periodistas o a través de la prensa, así como las interpretaciones jurisprudenciales que sirven para conferir represalias más severas en estos casos. Las disposiciones legales específicas y las interpretaciones en este sentido a menudo resultan no sólo en un uso excesivo del derecho penal, sino también en una afrenta directa a los preceptos básicos de una sociedad bien ordenada y libre, como el principio de intervención penal mínima. 34. Llegados a este punto, es importante destacar que no pocas veces, y de forma especialmente preocupante, la protección jurisdiccional relativa a los delitos contra el CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2002. Vol. III. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, capítulo V. §16. 24 25 Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2 Corte EDH. Caso Cumpana y Mazare vs. Rumania. Sentencia de 17 de diciembre de 2004, §115. En mismo sentido: Corte EDH. Fatulalyev vs. Azerbaijan. Sentencia de 22 de abril de 2010, §103 26 27 Ibid. §116 28 Por ejemplo, Otegi Mondragon vs. España (§31), Ruokanen vs. Finlandia, (§50); Mariapori vs. Finlandia (§27). 29 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Sentencia de 7 de febrero de 2001, §§ 153-56. 7