alegatos finales escritos, “ajusticiamientos” 39. el Estado resaltó la disminución de casos de 37. Lo expuesto en el informe de CONAREPOL fue, a su vez, objeto de análisis por el perito Liderly José Montero Barrueta, propuesto por el Estado, en el que, entre otras afirmaciones, indica que la CONAREPOL había observado que entre los patrones de actuación policial más comunes se encontraban “el uso desproporcionado, indiscriminado y discrecional […] de la fuerza, la negligencia e impericia en el uso de las armas de fuego, múltiples y aberrantes métodos de tortura, amenazas y hostigamiento, simulación de ejecuciones, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, demora en los traslados de las personas heridas a los centros de salud después de haberlas herido, disparos al aire, adulteración de los cartuchos, porte de armas ilegales”. Por último, el perito señaló que en “[l]os enfrentamientos armados resulta[ba] mucho más probable que se produzcan muertes de ciudadanos civiles que bajas policiales, lo que sugiere alta letalidad de las tácticas policiales y el encubrimiento de ejecuciones” 40. 38. Finalmente, no obstante las diferencias entre las cifras proporcionadas por los órganos estatales 41 y por las partes, no ha sido controvertido que a partir del año 2004 y más significativamente a partir del año 2006, han ido disminuyendo las denuncias por casos de presuntas violaciones al derecho a la vida por parte de funcionarios policiales 42. 39 Cfr. Alegatos finales del Estado (expediente de fondo, tomo 5, folio 1012) y Ministerio de Interior y Justicia, Resolución n.° 124, 10 de abril de 2006, citado en Informe Anual 2010 de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela (anexo en digital a escrito de alegatos finales del Estado, página 363). 40 Peritaje rendido ante fedatario público por Liderly José Montero Barrueta el 15 de noviembre de 2011 (expediente de prueba, tomo 16, folio 5324). 41 Las cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (en adelante también “CICPC”) señalan que solo para el año 2001, se registraron 1251 casos de muertes por “resistencia a la autoridad”, y que para el período 2000 a 2006, se registraron 10.428 con un promedio de 1489 por año, con cifras para los años 2002, 2003 y 2004 que se incrementan a 1720, 2305 y 2150 respectivamente (Comisión Nacional para la Reforma Policial, Estudios. Características de la Policía Venezolana, página 69). Del mismo modo, de acuerdo a los mismos informes de la Defensoría del Pueblo citados por el Estado, entre los años 2000 a 2005, la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República ha informado “que desde el 2000 hasta el 2005, se han iniciado 5.520 procesos penales por la presunta comisión del delito de homicidio por parte de funcionarios públicos actuando en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo”. Informe Anual 2005 de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en línea en http://www.defensoria.gob.ve/dp/index.php/publicaciones/informesanuales. Por otro lado las cifras del Ministerio Público indican que en el período 2000 a 2006 hubo 5684 casos de muertes de civiles fallecidos en esas circunstancias (Comisión Nacional para la Reforma Policial, Estudios. Características de la Policía Venezolana, página 70). El Estado también mencionó que entre los años 2006 y 2010, la Fiscalía General de la República había informado que 3521 funcionarios policiales fueron imputados por la Fiscalía por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, de los cuales 274 fueron condenados. Escrito de Alegatos Finales del Estado (expediente de fondo tomo 4, Folio 1046). En cuanto a la encuesta de Victimización y percepción de seguridad ciudadana, el estudio de la CONAREPOL indicó que “uno de los aportes sustanciales de [ese] instrumento es que permite conocer la magnitud de la cifra ‘negra’” (Comisión Nacional para la Reforma Policial, Estudios. Características de la Policía Venezolana, página 30). 42 Las cifras presentadas por el Estado con base en informes de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de un total de 2095 denuncias por casos de presuntas violaciones al derecho a la vida por parte de funcionarios policiales durante el período 2001 a 2010. Escrito de Alegatos Finales del Estado (expediente de fondo, tomo 4, Folio 970), lo cual no incluiría el total de denuncias recibidas en el Ministerio Público, según aclararon los representantes. 13