2 La Comisión consideró que esta grave secuencia de hechos ha tenido un profundo impacto en los núcleos familiares de las cinco defensoras de derechos humanos, con una especial afectación en los niños y niñas. Todos estos hechos se encuentran en situación de impunidad. Asimismo, la Comisión consideró que todos estos hechos ocurrieron por incumplimiento del deber acentuado de protección y respuesta que tenía el Estado, el cual estaba a su vez reforzado por la situación de riesgo particular de las mujeres defensoras de derechos humanos, en razón de la discriminación histórica que han sufrido y las particularidades de su trabajo, así como por el agravamiento de este riesgo en zonas controladas por los actores que hacen parte del conflicto armado. El Estado colombiano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 31 de julio de 1973 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. La Comisión ha designado al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez y al Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán y Rosa Celorio, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del informe 86/13 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 86/13 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Colombia mediante comunicación de 3 de diciembre de 2013, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado de Colombia solicitó una primera prórroga, la cual fue otorgada por la Comisión por un plazo de tres meses, solicitándole al Estado que presentara un informe sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones. Mediante comunicación de 20 de mayo de 2014, el Estado solicitó una nueva prórroga. Tras evaluar el informe presentado por el Estado, la Comisión consideró que el mismo no refleja avances sustanciales en el cumplimiento de las recomendaciones. En particular, las iniciativas en materia de investigación, aunque relevantes, no han tenido un impacto significativo en el cumplimiento de la obligación de investigar la totalidad de los hechos del caso. Asimismo, la información disponible indica que varias causas permanecen archivadas. Además, el Estado no ha informado sobre una propuesta concreta en materia de reparaciones. En su informe, el Estado mencionó el marco a través del cual se canalizarían las eventuales reparaciones, pero sin precisar las reparaciones que se tiene previsto que obtengan las víctimas del caso, su programa de implementación ni la forma en que las mismas satisfacen los estándares de reparación integral.