8. El 14 de enero de 2008, la Comisión reiteró el pedido de información al Estado, solicitando
una respuesta en el plazo de un mes, sobre las observaciones a las partes pertinentes de la
petición, e información sobre las medidas cautelares a favor del Sr. Cadogan.
9. El 18 de enero de 2008, la Comisión pidió información adicional al peticionario.
10. El 22 de febrero de 2008, la Comisión recibió información adicional del peticionario y las
trasmitió al Estado para que hiciera sus observaciones.
11. Hasta la fecha, no ha habido respuesta del Estado sobre el pedido de observaciones en
relación con la petición.
III.

POSICIONES DE LAS PARTES

A.

El peticionario

12. El peticionario alega que, el 18 de mayo de 2005, el Sr. Cadogan fue condenado por
homicidio y sentenciado a morir en la horca por la Suprema Corte de Barbados, de acuerdo
con la sección 2 de la Ley de Delitos contra la Persona, de 1994, que establece la aplicación
obligatoria de la pena de muerte por el delito de homicidio 1. Posteriormente, el 31 de mayo de
2006, el Sr. Cadogan presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Barbados, sin
obtener resultados. Finalmente, presentó un pedido de venia especial para apelar como
indigente ante la Corte de Justicia del Caribe, pero su acción fue desestimada por la Corte el 4
de diciembre de 2006.
13. El peticionario alega que se violó el derecho a un juicio justo, por las razones siguientes:
(1) en el juicio, el juez no planteó adecuadamente al jurado la defensa de responsabilidad
disminuida; (2) no se le brindó un asesoramiento psiquiátrico independiente (3) la asistencia
letrada que proporcionó el Estado fue insuficiente y (4) su abogado fue ineficiente. El
peticionario también cree que la importancia de estas protecciones para la presunta víctima
debieron haber sido sopesadas de acuerdo con la gravedad del castigo.
14. En cuanto a la primera afirmación, el peticionario alega que el juez de primera instancia
debió haber planteado al jurado la defensa de responsabilidad disminuida, brindándole una
orientación detenida y precisa sobre la sustancial distorsión de su responsabilidad mental
debido al presuntamente indiscutido antecedente de alcoholismo y drogadicción del Sr.
Cadogan. Los peticionarios citan la “Ley de Delitos contra la Persona” 2, que exime al acusado
de ser condenado por homicidio en una situación de responsabilidad disminuida. El peticionario
afirma que, aunque corresponde al Estado la carga de probar la requerida intención homicida, 3
la carga de la prueba de la responsabilidad disminuida corresponde a la defensa. El peticionario
cita las secciones pertinentes de la “Ley de Delitos contra la Persona”:
En el caso en que una persona da muerte o integra un grupo que da muerte a otra, no
será condenada por homicidio si padeciera un estado mental anormal, sea derivado de
un retardo en el desarrollo mental o alguna causa intrínseca, o inducido por una
enfermedad o lesión, que distorsione sustancialmente su responsabilidad mental por
sus actos y omisiones en la comisión o la participación en una muerte. En caso de
homicidio, corresponderá a la defensa probar que, en virtud de la presente sección, el
acusado no es responsable para ser condenado por homicidio. 4

1

El peticionario cita la Ley de Delitos contra la Persona, de 1 de septiembre de 1994, Cap. 141, Sección 2: “cualquier
persona condenada por homicidio será sentenciada a muerte”. Otra excepción es aplicable a los menores de 18 años y
a las grávidas. Cf. Caso Boyce y otros, notas 38 y 39 que refieren a la Sección 14 de la Ley de Delincuentes Juveniles
y la Sección 2 de la Ley sobre Sentencia de Muerte (grávidas).
2
El peticionario cita la Ley de Delitos contra la Persona, Sección 4(2).
3
4

El peticionario cita la Ley de Delitos contra la Persona, Sección 3(1).
El peticionario cita la Ley de Delitos contra la Persona, Sección 4.
2

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