3 5. la supuesta toma de agentes penitenciarios como rehenes por parte de al menos 35 internos el 26 de enero de 2013. Los solicitantes informaron que un oficial resultó herido de disparos con arma de fuego; 6. entre enero y octubre de 2013 se habrían producido 55 disturbios o tumultos en los cuales los agentes penitenciarios habrían hecho uso de armas de fuego y granadas. Un informe de la Secretaría Ejecutiva de Resocialización certifica el uso de tales armas; 7. la falta de agentes estatales suficientes para asegurar la seguridad en el centro penitenciario; 8. la presunta posesión, fabricación e intercambio de armas blancas y armas de fuego entre las personas privadas de libertad; 9. denuncias sobre explotación sexual de menores de edad al ser ingresadas al centro penitenciario con identificaciones falsas y obligadas a tener relaciones sexuales con privados de libertad; 10. más de 100 situaciones de falta de atención médica. Asimismo, habría falta de médicos, técnicos de rehabilitación y falta de alimentación adecuada. Además, en varios pabellones habría internos con tuberculosis y con lepra, sin que el Estado hubiera adoptado medidas al respecto; 11. la alegada situación de hacinamiento, con 6,456 detenidos presentes el día 14 de septiembre de 2013 y 6,444 el 28 de febrero de 2014, para un centro carcelario con capacidad para 1,514 personas; 12. las condiciones del centro penitenciario también serían deplorables: la electricidad es intermitente y hay cables eléctricos expuestos que han generado principios de incendio en algunos pabellones; el acceso a agua se da por intervalos de tiempo y en una unidad se corta el suministro de agua todas las noches; no hay distribución de material para higiene y la alimentación es sumamente escasa y se realiza sin ningún tipo de salubridad; 13. el uso de celdas en el pabellón de disciplina sin ningún tipo de luz natural y donde se realizan muchas agresiones; 14. la práctica de inspecciones vaginales y anales a los visitantes del centro en casos de ‘sospecha’, y 15. la falta de investigación de los hechos mencionados. d) al respecto, el Estado habría reconocido que “los distintos problemas en el centro penitenciario ‘Profesor Aníbal Bruno’ [eran] complejos, demandando, por tanto, respuestas estructurales”. Asimismo, el 29 de octubre de 2013 informó sobre la creación de un “Foro Permanente de Acompañamiento de las Medidas Cautelares” a cargo del Ministerio Público Federal y con la participación de distinta entidades estatales. Por otro lado, el Estado no presentó información a la Comisión sobre las denuncias de violencia y tortura en perjuicio de los beneficiarios de las medidas cautelares. Finalmente, el Estado informó sobre, entre otros temas: a) los programas y políticas públicas implementados para combatir la tortura; b) que el uso de ‘chaveiros’ sería analizado por los órganos de inspección del sistema penitenciario para llegar a una solución concreta y permanente; c) que no existe actualmente un equipo de salud calificado actuando en el complejo Aníbal Bruno; d) que dentro del centro penitenciario los visitantes habrían sido registrados con identificación biométrica, lo que disminuye el riesgo de explotación sexual.