Los hechos del caso se refieren a la destitución -en febrero de 2003- de María Cristina Reverón Trujillo, quien se desempeñaba como Jueza de Primera Instancia de lo Penal. Tras lo sucedido, la víctima recurrió de nulidad, el recurso fue aceptado pero no se ordenó la restitución a su cargo, ni el pago de los salarios y beneficios sociales dejados de percibir.

La Corte IDH aplicó estándares sobre el derecho a un recurso judicial efectivo, y desarrolló criterios sobre independencia judicial relacionados con las debidas garantías en el proceso de nombramiento, inamovilidad en el cargo y protección contra presiones externas, visibilizando las especificidades de los nombramientos de jueces y juezas a título provisorio.