conocimiento y falta de actuación suficiente del Estado respecto a la presencia y accionar de particulares que dañaron la integridad del territorio a través de la instalación de alambrados y el pastoreo de ganado vacuno, como también por la tala ilegal de maderas. 187. En particular, en cuanto al derecho a un medio ambiente sano, aseveraron que “la degradación ambiental del territorio reclamado” ha sido “un continuo y profundo proceso” que “comenzó en los albores del siglo XX, con la introducción del ganado mayor por parte de los criollos colonizadores”. Afirmaron que “producto del sobrepastoreo del ganado bovino”, la “tala ilegal de los bosques” y los “cercos de las familias criollas” se ha “degrada[do]” el medio ambiente. Explicaron que “[e]l ganado bovino ha depredado la vegetación herbácea y arbórea, lo que destruye la capacidad de irrigación y regeneración del suelo”, y que lo anterior “ha desencadenado procesos de desertificación y carcavamiento”. Agregaron que “la tala ilegal de los bosques nativos, en su modalidad ‘minera’ –de extracción indiscriminada y no sustentablegenera una profunda afectación en la capacidad de renovación y mantenimiento de las masas boscosas”. Señalaron también que la pérdida de flora impacta en el hábitat natural de fauna silvestre, la que además compite con el ganado para el consumo de alimento y agua. Agregaron que la pérdida de flora y fauna autóctonas se ha relacionado además con la instalación de alambrados en el territorio, que “constituyen obstáculos naturales” para el desarrollo de aquellas174. 188. Además, indicaron que “cómo consecuencia de la degradación ambiental” y el “cercamiento” de los criollos, “se verifica una vulneración del derecho a la alimentación de las comunidades”. Especificaron que el ganado de pobladores criollos: a) “se alimenta de los mismos frutos que las comunidades indígenas, como la algarroba[,] el mistol y el chañar”; b) “ramonea […] los árboles palatables como el algarrobo y el quebracho” y come “sus renovales, impidiendo su regeneración”; c) “consume el agua que las propias comunidades requieren para su subsistencia, verificándose muchas veces situaciones en que el agua es contaminada por las heces de los animales”; d) genera la disminución de fauna silvestre, “que tradicionalmente ha sido objeto de caza y parte importante de la dieta de las comunidades”, y e) “destruye los cercos que las comunidades indígenas levantan para sus cultivos familiares”. Por otro lado, afirmaron que los alambrados de familias criollas: a) “afectan el tránsito de fauna silvestre confinándola a lugares alejados”; b) “restringen la libertad de circulación de las comunidades impidiendo sus circuitos tradicionales de circulación y caza”, y c) “muchas veces […] encierran en sí reservorios de agua […] y algarrobales completos”. 189. Los representantes agregaron que “la presencia de cientos de familias criollas en [el] territorio ancestral, la degradación ambiental […] y la alteración de los campos de caza y recolección de las comunidades [indígenas] han tenido un efecto profundo en su identidad cultural y prácticas tradicionales”. Afirmaron que lo anterior ha provocado en las comunidades “profundas alteraciones” en “sus costumbres, sus hábitos sociales e individuales, sus prácticas económicas y sus concepciones acerca del mundo y de su propia vida”. En ese sentido, observaron que dada la especial relación respecto a cada uno de los tres derechos referidos, no señalaron el artículo 2 indicado. La Corte no examinará los derechos en cuestión en relación con el artículo 2 de la Convención. 174 Señalaron los representantes que “ya en el primer pedido formal realizado por la Asociación Lhaka Honhat al gobierno de la provincia de Salta en […] 1991, se detalló la grave degradación ambiental sufrida en el territorio producto del sobrepastoreo, la tala ilegal y el cercado de los criollos”. Por consiguiente, adujeron que el Estado tuvo pleno conocimiento de las condiciones de degradación ambiental, y aun así no adoptó las medidas necesarias para su “prevención y reversión”. 66