5 22. Por otra parte, alega que la Municipalidad compró lotes a miembros de la Comunidad que no tenían la facultad para venderlos y procedió a transferirlos a la empresa Inversiones y Desarrollo El Triunfo S. A. (en adelante “IDETRISA”) para el desarrollo del proyecto turístico “Club Marbella”. Señala que algunos de los miembros realizaron las ventas de lotes bajo amenazas y presiones, y que quienes se opusieron fueron difamados y asesinados, como en el caso de los dirigentes Jesús Álvarez y Oscar Brega, y detenidos ilegalmente, como en el caso de Alfredo López. Agrega que tales acciones generaron un clima de zozobra e inseguridad que se mantiene en la zona. Indica que la empresa IDETRISA realizó construcciones y cercó el área, impidiendo a los miembros de la Comunidad utilizarla y cultivarla. 23. Afirma que el 17 de septiembre de 1994 la Comunidad presentó una denuncia ante el Fiscal de Etnias por las ventas ilegales, en virtud de la cual el 11 de junio de 1996 el Ministerio Público presentó acusación penal ante el Juzgado de Letras de la ciudad de Tela por delitos continuados de abuso de autoridad, estafa simple y estafa calificada en perjuicio de la administración pública, la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y particulares. Indica que el 15 de octubre de 1996 se dictó auto de prisión en contra de los funcionarios municipales que intervinieron en la venta de los lotes en cuestión. Sin embargo, afirma que en segunda instancia se dictó sobreseimiento definitivo a favor de los procesados, confirmado en sentencia de casación. Sostiene que la Comunidad no fue notificada de la sentencia de casación sino que se enteró de su contenido, por medios informales, el 8 de julio de 2003. 24. De otro lado, refiere que en 1986 la Comunidad solicitó al INA que 25 manzanas de tierra, pertenecientes a las reconocidas a la Comunidad en el título de garantía de ocupación, sean donadas a la empresa asociativa campesina de producción denominada “El Esfuerzo” (en adelante “Cooperativa El Esfuerzo”), integrada por mujeres de la Comunidad de escasos recursos económicos. Afirma que el predio fue entregado al grupo de mujeres el 18 de mayo de 1987, mediante un acta de posesión provisional y que desde ese momento las mujeres dedicaron las tierras al cultivo de alimentos para obtener el sustento diario de sus familias. Sin embargo, señala que, con la aquiescencia de la Municipalidad, terceros vendieron de forma ilegítima las tierras a particulares, quienes a su vez promovieron denuncias por usurpación en contra de la cooperativa. Afirma además que en reiteradas ocasiones las integrantes de la cooperativa han sido amenazadas y sus cultivos han sido destruidos; hechos que alega fueron denunciados ante la Dirección de Investigaciones Criminales sin éxito alguno. 25. Afirma que la Municipalidad de Tela, con la intención de adquirir ilegalmente las tierras pertenecientes a la Comunidad, promovió la creación de un Patronato paralelo e intervino en la elección de su Junta Directiva. Agrega que la Junta Directiva paralela fue inscrita por la Municipalidad y que, a pesar de las solicitudes de inscripción de la Junta Directiva elegida por la Comunidad en su Patronato histórico, la Municipalidad se ha negado a su inscripción, renovando a la Junta Directiva paralela con el fin de avalar las ventas ilegales. 26. De otro lado, sostiene que el Estado también es responsable de violar el derecho a la propiedad de la Comunidad y sus miembros al decretar la creación de un área protegida, el Parque Nacional Punta Izopo, que abarca tierras reclamadas por la Comunidad. Agrega que la creación del área protegida se realizó sin consultar de forma previa y en asamblea a la Comunidad, y que ha impedido el reconocimiento jurídico respecto del área. Indica que, a pesar de que existía un acuerdo entre la Comunidad y el Estado para el co-manejo del Parque, éste fue irrespetado y la creación del área protegida ha restringido el acceso de los miembros de la Comunidad a Punta Izopo, afectando su tradición y cultura. 27. Adicionalmente, alega que, bajo el pretexto de ejecutar proyectos de desarrollo turísticos en la zona, la Comunidad se ve amenazada con ser despojada de su espacio vital o de profundas alteraciones ambientales. En concreto, refiere que la ejecución del proyecto Bahía de Tela -el cual alega no fue consultado en asamblea a la Comunidad y se encuentra aledaño a sus tierras ancestralesrepresenta una grave amenaza ambiental en tanto supondrá el relleno de 80 hectáreas en la Laguna de Micos, lo que repercutirá en graves inundaciones en el área. 28. Señala además que, en 1994, la Comunidad constituyó un Comité de Defensa de la Tierra de Triunfo (en adelante “CODETT”), con el objeto de detener el despojo de sus tierras, a través del