Los hechos del caso se refieren a la detención de Rigoberto Acosta Calderón, de nacionalidad colombiana, efectuada en noviembre de 1998 por la Policía Militar de Aduana bajo la sospecha de tráfico de drogas.

La Corte IDH estableció estándares sobre prisión preventiva en relación con el derecho a la presunción de inocencia, y otras violaciones a las garantías judiciales vinculadas con el plazo razonable del proceso penal, el derecho del inculpado a ser llevado de manera inmediata ante juez competente y ser informado de manera previa y detallada de la acusación que se le imputa. Finalmente, la Corte IDH hizo referencia al derecho a asistencia consular de las personas extranjeras que son detenidas.