en ese caso, se encuentran guardando prisión provisional, a la espera de que se señale debate oral y público que permita dilucidar su situación penal”. d) “[L]a vida de la familia de Edgar Fernando García siempre ha estado en constante peligro debido al rol preponderante en materia de búsqueda de verdad y justicia”, lo cual “queda demostrado a través de las Medidas Cautelares […] dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de la familia García”. e) Existe un “contexto” “de ataques y persecución hacia el trabajo de las propias víctimas de crímenes de lesa humanidad, así como de los miembros de la Fundación [GAM]”. 6. Los representantes expusieron los siguientes argumentos con respecto a los requisitos convencionales: a) Extrema gravedad: “descansa en la peligrosidad en la que los hechos se están produciendo, tomando en cuenta el contexto actual de persecución [..] en contra de la sociedad civil [… y de] ex miembros del sector justicia reconocidos internacionalmente por su trabajo en favor de la verdad y justicia”. Ahora se conoce que “son dos denuncias” interpuestas por la Fundación contra el Terrorismo las que se tramitan en contra del GAM, las cuales no se han notificado a este. b) Urgencia: “derivado del contexto político nacional […] su vida, integridad y derecho de asociación se v[e] seriamente violentado”. “Durante los últimos 15 años, el GAM ha sido una de las organizaciones que ha estado presente en varias de las causas judiciales relacionadas con la justicia de transición”, lo cual ha afectado a grupos en su “lucha contra la impunidad”; no obstante, “la mala utilización del derecho penal” sería “la principal arma que se está utilizando en la actualidad para debilitar la búsqueda de verdad y justicia del GAM”. Recordaron que la Fundación contra el Terrorismo ha sido objeto de mención por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana “sobre su rol en la difusión de un discurso de odio en contra de organizaciones de derechos humanos, siendo el GAM un objetivo frecuente […] a través de sus distintas plataformas digitales”. c) Daño irreparable: expresaron su “preocupación de que [la] labor [del GAM] se vea afectada ante una posible detención y/o agresión en contra de las personas a las cuales la Fundación contra el Terrorismo hace referencia en su denuncia”. d) La solicitud de medidas provisionales “se basa en múltiples hechos que conllevan un peligro inminente de riesgo para la vulneración de los derechos humanos”, entre ellos, “la criminalización, hostigamiento, difamación y daños morales […] producidos en un contexto de mucho peligro para los defensores de derechos humanos en Guatemala”. Sostuvieron que se “encuentran en riesgo” los siguientes derechos protegidos en la Convención Americana: 1) derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, porque existe un “riesgo inminente de ser cancelado” el GAM y “acabar con una trayectoria de casi 40 años promoviendo procesos de fortalecimiento a los derechos humanos en Guatemala”; 2) derecho a la dignidad, debido a que las personas solicitantes de medidas provisionales “[c]orr[en] el riesgo de verse seriamente afectadas, y sujetas a un linchamiento mediático, en caso de ser víctimas de un encarcelamiento político”; 3) derecho a la libertad personal, debido a que existe “amenaza de poder perderla”; 4) garantías judiciales, ya que no se les ha dado “mayor información” sobre la “acusación” y podría “gener[arse] una inmediata detención de los solicitantes de las presentes medidas”, y 5) libertad de asociación, porque se podría “promover un cierre administrativo fiscal de la organización”. 7. En su escrito de información adicional presentado el 14 de octubre de 2022 a solicitud de la Corte (supra Visto 9), los representantes indicaron desconocer el estudio de seguridad que el Estado afirmó haber realizado en abril de 2022, respecto a lo cual el Estado rectificó que el estudio era de abril de 2018 (infra Considerando 9.b). Asimismo, los representantes 4

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