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basaron en una representación de un contexto denominado como el “conflicto Mapuche”, sin
efectuar distinciones entre el contexto más general de reivindicaciones legítimas del pueblo
indígena caracterizado por diversas formas de protesta social, y los actos de violencia que
se han presentado por parte de ciertos grupos minoritarios en dicho contexto. De esta
manera, la invocación de la pertenencia y/o vinculación de las víctimas al pueblo indígena
Mapuche constituyó un acto de discriminación mediante el cual se criminalizó, al menos en
parte, la protesta social de miembros del pueblo indígena Mapuche. Estos hechos afectaron
la estructura social y la integridad cultural del pueblo en su conjunto.
El Estado de Chile ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 21 de agosto de 1980.
La Comisión ha designado a la Comisionada Dinah Shelton y al Secretario Ejecutivo
de la CIDH Santiago A. Canton, como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed,
Secretaria Ejecutiva Adjunta, Silvia Serrano Guzmán, María Claudia Pulido y Federico
Guzmán Duque, actuarán como asesores legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la
Comisión adjunta copia del informe 176/10 elaborado en observancia del artículo 50 de la
Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana
(Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 176/10 (Anexos). Dicho
informe de fondo fue notificado al Estado de Chile mediante comunicación de 7 de diciembre
de 2010, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las
recomendaciones. Ante una solicitud de prórroga efectuada por el Estado para aportar dicha
información, la CIDH otorgó una extensión de un mes hasta el 1 de abril de 2011, fecha en
la cual el Estado remitió un informe mediante el cual presentó información sobre algunas
recomendaciones y controvirtió ciertas conclusiones del informe 176/10. El 7 de abril de
2011 se recibió una nueva solicitud de prórroga del Estado, la cual fue concedida por el
plazo de cuatro meses. En la carta de concesión de prórroga se solicitó al Estado chileno
que el 7 de julio de 2011 presentara un nuevo informe sobre el cumplimiento de las
recomendaciones. Tal informe fue recibido en la fecha solicitada. El 5 de agosto de 2011 el
Estado remitió un nuevo informe reiterando, en lo sustantivo, su informe de 7 de julio de
2011.
La Comisión somete el presente caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana por
la necesidad de obtención de justicia para las víctimas ante el incumplimiento de las
recomendaciones por parte del Estado de Chile.
En cuanto a la recomendación de “eliminar los efectos de las condenas por
terrorismo impuestas” a las víctimas, el Estado indicó que la mayoría de las víctimas se
encuentra en libertad “eliminándose de ese modo los efectos de las condenas impuestas”.
Asimismo, el Estado se refirió a una serie de beneficios en la ejecución de la pena, en vista
de las reformas introducidas a la Ley 18.314. Al respecto, la Comisión considera que
corresponde al Estado disponer de oficio las medidas necesarias para eliminar los efectos
de las condenas impuestas en contravención con el principio de legalidad, de no
discriminación y las garantías del debido proceso. El Estado se limitó a mencionar el artículo
18 de la Ley 20.467, sin explicar de qué manera dicha normativa resulta aplicable a los
supuestos del presente caso ni las medidas que estaría adoptando para, a través de la
misma, eliminar los efectos de las condenas. Por otra parte, la Comisión considera que el
cumplimiento de la pena, la reducción de la misma o la aplicación de beneficios
penitenciarios, no corresponde al objeto de esta medida de reparación que, como su
enunciado lo indica, busca anular todos los efectos de las condenas proferidas en
contravención con diferentes extremos de la Convención Americana.

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