Los hechos del caso se refieren al asesinato del defensor de derechos humanos A.A. ocurrido el 20 de diciembre de 2004, y que ha quedado en la impunidad como consecuencia de las irregularidades y la falta de diligencia estatal en las investigaciones.

La CorteIDH analizó los hechos en el contexto de amenazas y ataques a la vida y la integridad personal de defensores y defensoras de derechos humanos -con posterioridad a la firma de los acuerdos de paz- en particular de quienes trabajaban por la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales y de la búsqueda de verdad y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

La CorteIDH desarrolló estándares sobre responsabilidad estatal respecto de la obligación de garantizar los derechos a la vida y la integridad, y sobre los requisitos de idoneidad que requieren las medidas destinadas a brindar una protección adecuada y efectiva a las personas que defienden derechos humanos.