El Estado hondureño ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 8 de septiembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 9 de septiembre de 1981. La CIDH ha designado al Comisionado Joel Hernández García, al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão y a la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) Soledad García Muñoz, como sus Delegados y Delegada. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán, Erick Acuña Pereda y Luis Buob Cancho, abogada y abogados de la Secretaría Ejecutiva, actuarán como Asesora y Asesores Legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo Nº 64/18 y su Anexo Único elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración de dicho informe (Anexos). El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 25 de junio de 2018, otorgándole dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión Interamericana otorgó tres prórrogas al Estado hondureño, dos de tres meses y una de dos meses, a fin de que informara sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado no solicitó una nueva prórroga ni aportó información sobre avances concretos en el cumplimiento de las recomendaciones. En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana decidió someter a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo Nº 64/18, ante la necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas en el caso particular. En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 8.1, 19, 24, 26 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional, en perjuicio de las personas que se indican en cada una de las secciones dicho informe y en su Anexo Único. La Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo, tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar medidas de compensación económica y satisfacción del daño moral. Estas medidas de compensación y satisfacción deberán tomar en cuenta tanto el daño individual como el daño colectivo derivado de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe y del contexto estructural en el que se enmarcaron. 2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias a las víctimas sobrevivientes. Para las víctimas sobrevivientes con discapacidad, las medidas de habilitación y rehabilitación que se dispongan deben cumplir con los estándares internacionales en la materia. Asimismo, disponer las medidas de salud mental necesarias a los familiares de las víctimas. Estas medidas deben implementarse en caso de ser voluntad de las víctimas y de manera concertada con ellas y sus representantes. Además, en la implementación de esta recomendación, el Estado deberá asegurar la satisfacción de contenidos de aceptabilidad, accesibilidad, calidad y disponibilidad, en los términos descritos en el Informe de Fondo. 3. Emprender una búsqueda, a través de todos los medios disponibles, del destino o paradero de las víctimas desaparecidas o de sus restos mortales, los cuales deberán ser debidamente identificados y devueltos a sus familiares. 2

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