Los hechos del caso se refieren a la masacre -ocurrida en noviembre de 1986- de más de 40 habitantes de la aldea de Moiwana, con importantes pérdidas de sus bienes y provocando el desplazamiento forzado de los sobrevivientes.

Por cuestiones de competencia temporal, la Corte IDH focalizó su análisis en las violaciones a los derechos humanos que se produjeron como consecuencia de la masacre. En particular el desplazamiento forzado de los miembros de la Comunidad por el temor a volver a sus territorios ancestrales, y las afectaciones al uso y goce de la propiedad comunal. Adicionalmente analizó la respuesta judicial a la luz del estándar de debida diligencia.