Los hechos del caso se refieren a la violación de garantías judiciales de Oscar Enrique Barreto Leiva, quien siendo Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia fue condenado por el delito de malversación genérica agravada en grado de complicidad, en el año 1989.

La Corte IDH estableció estándares sobre el derecho a la defensa, a ser juzgado por tribunales competentes y a recurrir el fallo. Asimismo refirió criterios sobre prisión preventiva.