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iv.
mas de 9,150 millones de pesos colombianos se han dispensado en
atención a la comunidad desde el 2004 a esta fecha, lo que ha permitido la
mejora de la infraestructura, salud y educación en el Resguardo;
v.
no se debe convertir el mecanismo de seguimiento de las medidas
provisionales en un mecanismo de discusión de todas las políticas públicas de
todas las instancias del Estado que afecten a la población kankuama;
vi.
las medidas ordenadas cumplieron su objetivo. La Corte debe de estar
satisfecha del aporte que ha hecho para que la población kankuama y los
diferentes niveles del Estado trabajaran juntos, resultando así en un cambio
en la situación que motivó la adopción de medidas provisionales. En base a
dicho cambio, el Estado solicitó el levantamiento de las medidas
provisionales;
vii.
a pesar de que hay aspectos que aún merecen la atención del Estado,
relacionados a la población desplazada, la impunidad, el mejoramiento de las
condiciones del Resguardo, la recuperación de la historia y cultura de la etnia
kankuama, entre otros, el Estado considera que este trabajo se puede realizar
bajo los mecanismos internos colombianos y no necesariamente bajo el
mecanismo de medidas provisionales, el cual ya cumplió con su propósito de
atender la situación de extrema gravedad y urgencia que las motivó, y
viii.
las medidas provisionales deben tener un carácter de temporalidad y
de excepcionalidad, el cual se pierde si no existen circunstancias especiales y
específicas para preservar la vigencia de los derechos consagrados en la
Convención.
b)
en cuanto a la investigación sobre los hechos que motivaron la adopción de
las presentes medidas, con la finalidad de identificar a los responsables y, en su
caso, sancionarlos, que:
i.
en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario se adelantan 15 investigaciones de las cuales 8 se encuentran en
etapa preliminar previa y 4 se encuentran en etapa de instrucción; se han
vinculado 17 personas a estos procesos, de las cuales 8 son miembros de la
Fuerza Pública y varios pertenecen a las autodefensas;
ii.
en la seccional de Fiscalía de Valledupar se encuentran radicadas 71
investigaciones, de las cuales 35 están en etapa preliminar, 8 en instrucción,
3 en juicio y 3 con sentencia. En estas investigaciones se encuentran como
sindicados miembros de las guerrillas, miembros de las Autodefensas Unidas
de Colombia, miembros de la comunidad kankuama y también se investiga la
participación y responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública;
iii.
el seguimiento y reactivación de algunas investigaciones no se pudo
concretar en el año 2006 debido a problemas presupuestales, pero se estima
que una comisión especial de impulso comience su primera fase en el mes de
mayo de 2007;
iv.
el 26 de enero de 2007 fue desvinculado de su puesto un coronel del
Batallón la Popa, quien está siendo investigado por hechos que allí
sucedieron, y
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