Los hechos del presente caso se relacionan con la ejecución extrajudicial de 35 personas, la desaparición forzada de 2 y lesiones provocadas en otras 3, ocurridas como consecuencia del accionar -caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza armada en barrios populares- de integrantes de fuerzas de seguridad estatales. Las investigaciones judiciales -muchas de ellas abiertas en jurisdicción militar- no habían establecido responsabilidades por lo ocurrido.

Los hechos de caso ocurrieron a inicios de 1989 en un contexto de disturbios públicos que llevaron al Poder Ejecutivo a emitir el Decreto N° 49 del 28 de febrero de 1989 suspendiendo algunas garantías individuales por 23 días.

El Estado venezolano reconoció su responsabilidad internacional por los hechos del caso, el que fue aceptado por la Corte IDH.