Los hechos del caso se relacionan con la explosión en diciembre de 1998 de una fábrica de fuegos artificiales, en Santo Antonio de Jesús, en el estado de Bahía, Brasil, en la que murieron 64 personas y otras 6 resultaron gravemente heridas. La fábrica funcionaba de manera clandestina, sin respetar minimos de seguridad para sus trabajadores y valiéndose de manera ilegal de trabajo infantil.

En su Sentencia, la CorteIDH analizó el caso en relación con la obligación del Estado de regular y fiscalizar la practica de actividades peligrosas por parte de entidades privadas. Por otra parte, desarrolló el alcance del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias como componente del derecho al trabajo, y de la prohibición del trabajo infantil.

Adicionalmente, la CorteIDH analizó la interseccionalidad en la forma específica de discriminación estructural que se presentaba en el caso. También se refirió a la falta de debida diligencia de las autoridades encargadas de la investigación de los hechos.