6. De acuerdo a la información proporcionada por los peticionarios, en febrero de 1984, Edgar Fernando García tenía 26 años de edad, estaba casado con Nineth Montenegro y tenía una hija de 3 años de edad, de nombre Alejandra. Agrega que Edgar Fernando era maestro de educación primaria urbana, estudiante de la facultad de ingeniería de la Universidad de San Carlos y trabajador administrativo en la empresa Centroamérica de Vidrios S.A. (CAVISA), donde formaba parte del sindicato con el cargo de secretario de actas y acuerdos. 7. Expresan los peticionarios que el día sábado 18 de febrero de 1984, la presunta víctima salió temprano de su casa ubicada en la Zona 7 de la Ciudad de Guatemala para dirigirse caminando hacia su trabajo. Informa que aproximadamente a las 10 de la mañana, se habría encontrado con Danilo Chinchilla y que a la altura del mercado llamado El Guarda, estaba instalado un retén de la Brigada de Operaciones Especiales (BROE) y de la Policía Nacional (PN). Los agentes de seguridad les habrían exigido sus documentos y posteriormente les habrían disparado, resultando ambos heridos e introducidos violentamente en un vehículo de las fuerzas de seguridad. Posteriormente, el señor Danilo Chinchilla fue conducido al Hospital Roosvelt mientras que la presunta víctima fue trasladada al Quinto Cuerpo de la Policía Nacional ubicado en la calzada San Juan. 8. Expresan los peticionarios que ese mismo día, hombres vestidos de civil que conducían vehículos sin placas de circulación, registraron la casa de la presunta víctima, llevándose sus pertenencias e indicando a la madre y a la esposa que Edgar Fernando García regresaría el próximo martes. 9. Los peticionarios argumentan que desde el mismo día de la detención de Edgar Fernando, su familia realizó múltiples gestiones, tanto ante las autoridades judiciales como ante autoridades del Poder Ejecutivo, con el objeto de dar con su paradero, incluso lo buscaron en centros de detención, hospitales y morgues y publicaron campos pagados en diferentes medios de prensa. La familia del señor García denunció ante los tribunales la detención ilegal y presentó recursos de exhibición personal. Asimismo, se entrevistó con el Presidente de facto de la época, General Oscar Humberto Mejía Víctores, con el Ministro de Defensa, el Director de la Policía Nacional, con personal del Estado Mayor del Ejército, sin embargo, todas las gestiones fueron infructuosas. De acuerdo a información recibida extraoficialmente por la familia del señor García, éste se encontraba con vida en diciembre de 1984. 10. Agrega los peticionarios que el 23 de junio, 10 de septiembre y 15 de octubre de 1997, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) interpuso recursos de exhibición personal ante la Corte Suprema a favor de la presunta víctima, los que fueron declarados improcedentes en 1998. 11. Argumenta además que con fecha 25 de noviembre de 1997 se solicitó a la Corte Suprema de Justicia se iniciara un Procedimiento Especial de Averiguación, siendo admitido con fecha 4 de diciembre del mismo año por lo que se otorgó mandato legal a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala para efectuar la investigación en virtud de lo establecido en el artículo 467 del Código Procesal Penal. Dicho mandato se vence cada tres meses, por lo que la Procuraduría debe solicitar constantemente prórrogas a la Corte Suprema de Justicia, siendo la última prórroga de la que se tiene conocimiento de fecha 7 de diciembre de 2005. La investigación por la detención ilegal y desaparición forzada de Edgar Fernando García continúa en “Proceso Especial de Averiguación” a cargo del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. 12. Informan los peticionarios que se han realizado una serie de gestiones a través del Grupo Justicia de Guatemala, así como con otras organizaciones de la sociedad civil, lográndose entrevistas con el Fiscal General del Ministerio Público y con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quienes habrían mostrado interés en apoyar la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos. Finalmente, los peticionarios señalan que debido a la aparición de los archivos de la antigua Policía Nacional, uno de los más grandes de Latinoamérica, se estaba trabajando en forma conjunta con el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala en la búsqueda de antecedentes sobre la desaparición forzada de la presunta víctima. 2