VIII-1 DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICAL, EN RELACIÓN CON EL DEBER DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS Y DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO81 A. Argumentos de las partes y de la Comisión 68. Con respecto al procedimiento de reclamación de cantidades en nombre de la totalidad de los ex trabajadores marítimos, portuarios y fluviales, la Comisión indicó que el 11 de marzo de 1991 la CCTM se disolvió y dichos trabajadores fueron despedidos. Tras la interposición de un primer recurso de amparo contra la CCTM a efectos de que se ordenara realizar el cálculo correcto de los montos adeudados, el proceso culminó el 12 de febrero de 1992 mediante sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema. Añadió que hasta el 20 de agosto de 2003 el Sexto Juzgado Civil del Callao aprobó la liquidación de las planillas que habían sido presentadas por los trabajadores el 10 de enero de 1995, y que recién en el mes de junio de 2004 el Estado autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas para que efectuara el pago progresivo de los montos. Advirtió que los pagos empezaron a efectuarse habiendo transcurrido doce años desde la sentencia de Corte Suprema y que fue en diciembre de 2017 cuando se completaron dichos pagos, lo cual habría sido violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva. 69. Asimismo, señaló que existió un subgrupo de trabajadores que, a partir del mes de marzo de 2010, continuaron judicializando su reclamo por cantidades no incluidas o como resultado de un cálculo inexacto de las mismas. En lo que respecta al reclamo realizado por este subgrupo, señaló que recién el 1 de julio de 2016 se aprobó el informe pericial que determinaba los montos faltantes, decisión que fue confirmada posteriormente por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao y que el 23 de mayo de 2017 la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao ordenó su cumplimiento. La Comisión advirtió que este reclamo de cumplimiento de sentencia iniciado en 2010 añadió siete años adicionales a los 18 años que ya habían transcurrido desde la decisión de la Corte Suprema del año 1992. Además, según la Comisión, el pago establecido a favor de este subgrupo de trabajadores no se habría realizado. Adicionalmente, indicó que exigir que cada trabajador acreditara individualmente los montos adeudados ante la instancia que correspondiese y volver a judicializar el caso, resultaba incompatible con el derecho a la protección judicial. 70. En suma, la Comisión concluyó que el Estado peruano no adoptó las medidas necesarias para implementar un fallo judicial favorable y que, por tanto, violó y continúa violando el derecho de los ex trabajadores marítimos, portuarios y fluviales a su derecho a la tutela judicial efectiva ante la ausencia de ejecución de la sentencia en firme emitida en su favor, así como la inefectividad de los mecanismos judiciales activados posteriormente para lograr dicho cumplimiento, los cuales no cumplieron con las características de ser sencillos y rápidos, como lo exige la Convención Americana. Lo anterior, según la Comisión, supuso una violación de los artículos 25.1 y 25.2.c de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Además, la Comisión concluyó que el Estado también es responsable por la violación del derecho a un plazo razonable establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. Por último, la Comisión consideró que el caso de trabajadores representados por FEMAPOR es un “ejemplo más de una problemática estructural en Perú de alcance general, consistente en el incumplimiento de sentencias judiciales”, agravado por “una práctica conforme a la cual las autoridades judiciales a cargo de la ejecución de dichas sentencias no toman Artículos 8 y25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículo 1.1 y 2 de dicho instrumento. 81 21