5 10. En cuanto a la justificación general de la solicitud de ampliación, y a manera de antecedente, la Comisión Interamericana, con base en las resoluciones dictadas por el Tribunal en los años 2003, 2004, 2005 y 2006 en el presente asunto (supra Visto 1), señaló que “la Corte ha tenido conocimiento de los continuos y graves actos de amenazas, hostigamientos, estigmatización, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, asesinatos e intentos de asesinato, tortura y tratos crueles realizados en contra de los miembros de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó”. La Comisión también señaló que “la Corte ha constatado que los beneficiarios han sido objeto de constantes intimidaciones „por parte de estructuras civiles armadas y empresarios de la siembra de palma africana‟ que mantienen cultivos ilegales en los territorios colectivos, así como el creciente control de estos grupos en la región, que han obligado a los pobladores de [esas comunidades] a vivir en una „especial situación de desplazamiento‟”. Igualmente, la Comisión mencionó que la Corte “también ha tenido conocimiento de los señalamientos y campañas de desprestigio en contra de las familias beneficiarias, así como la apertura de investigaciones judiciales e intentos de judicialización a algunos beneficiarios de las medidas, como alegado mecanismo de intimidación por las acciones de reivindicación de tierras […]”. La Comisión señaló que, finalmente, había recibido información sobre “las graves amenazas que se habrían realizado a reconocidos líderes de estas comunidades, a través de presuntos planes de atentados contra su vida” y que, como ya había sido puesto en conocimiento de la Corte, “todas estas situaciones que ponen en riesgo la vida e integridad de los beneficiarios, habrían contado con la „tolerancia e indiferencia del Estado‟”. 11. Como información actual, la Comisión señaló que “la situación de extrema gravedad y urgencia en la que se encuentran los miembros de las zonas humanitarias y de biodiversidad se ha visto agudizada por los hechos acontecidos a mediados de abril de 2011, cuando luego de un alegado combate de algunos minutos en un área fuera de las zonas humanitarias, la Brigada 17 se retiró totalmente de la zona del Jiguamiandó y el Curvaradó por aproximadamente ocho días, dejándolas en total desprotección, a merced de presuntos grupos paramilitares”. Asimismo, indicó que había sido informada de que “paralelamente a la salida del Ejército, decenas de presuntos paramilitares, vestidos de civil y portando armas largas, habrían ocupado algunas zonas de los territorios colectivos y habrían manifestado a los pobladores que no era necesario que denunciaran su presencia puesto que las autoridades sabían de su presencia”. Aunado a lo anterior, la Comisión mencionó en su solicitud que había tenido conocimiento de que “en los últimos días un reducido grupo de militares de la Brigada 17 habría regresado a la región sin retornar al control perimetral directo de las zonas humanitarias, que algunos militares habrían manifestado la imposibilidad de que nuevos elementos llegaran, aunado a que un grupo aproximadamente de cuarenta paramilitares mantiene una presencia permanente a la espalda de la Zona Humanitaria de Camelias-El Tesoro y entre la zona humanitaria de Caño Claro-Andalucía”. Al respecto, indicó que si bien el Estado ha informado sobre “ciertos esfuerzos tendientes a cumplir parcialmente con las obligaciones de protección determinadas por la Corte, […] los hechos concretos […] han puesto y ponen en evidencia la ineficacia de la implementación de estas medidas, y evidencia la necesidad de proteger a más personas en la misma zona en virtud de compartir identidad de factores de riesgo”. 12. Asimismo, la Comisión expresó que había tenido conocimiento de que “se han presentado graves hechos de amenaza y hostigamientos contra miembros de distintas zonas humanitarias y de biodiversidad, algunas de las cuales no son beneficiarias de medidas provisionales”. Así, mencionó que “las familias que integran la Zona Humanitaria de Caño Manso han sido objeto de numerosas amenazas por parte de presuntos paramilitares reconocidos en la región, así como de trabajadores al servicio de empresarios de la zona”. En tal sentido, “de acuerdo a la información disponible, varios habitantes de los