E. Hechos anteriores a la fase de prospección sísmica e incursiones en el territorio del Pueblo Sarayaku 73. Se alegó, sin que fuera controvertido por el Estado, que en numerosas ocasiones la empresa petrolera CGC intentó gestionar la entrada al territorio del Pueblo Sarayaku y conseguir el consentimiento de dicho Pueblo para la exploración petrolera, entre otros, mediante acciones como las siguientes: a) relacionamiento directo con los miembros de las comunidades, saltando el nivel de la organización indígena; b) ofrecimiento de una caravana para atención médica a varias comunidades que conforman Sarayaku, en la cual, para ser atendidas, las personas tenían que firmar un listado, el cual posteriormente se habría utilizado como una carta de apoyo dirigida a la CGC para que continuara sus trabajos79; c) pago de sueldos a personas particulares dentro de las comunidades para que reclutaran a otras personas a fin de avalar la actividad de prospección sísmica; d) ofrecimiento de regalos y de prebendas personales; e) formación de grupos de respaldo a la actividad petrolera80, y f) ofrecimientos de dinero, en forma individual o colectiva81. 74. Los representantes también alegaron que en mayo de 2000, el apoderado de la CGC visitó Sarayaku y ofreció USD$ 60.000,00 para obras de desarrollo y 500 plazas de trabajo para los hombres de la Comunidad. El Estado no controvirtió lo anterior. El 25 de junio de 2000 se llevó a cabo una Asamblea General de Sarayaku en la que, con presencia del apoderado de la CGC, se decidió rechazar la oferta de la empresa82. Por su lado, las comunidades vecinas de Pakayaku, Shaimi, Jatún Molino y Canelos firmaron convenios con la CGC83. 75. En relación con lo anterior, los representantes alegaron que, ante la negativa de Sarayaku de aceptar la actividad petrolera de la CGC, ésta contrató en 2001 a Daymi Service S.A., un equipo de sociólogos y antropólogos dedicados a programar relaciones comunitarias. Según miembros de Sarayaku, su estrategia consistió en dividir a las comunidades, manipular [a] dirigentes y crear campañas de calumnias y desprestigio a líderes y organizaciones. Los representantes alegaron que, como parte de esa estrategia, la empresa creó una llamada “Comunidad de Independientes de Sarayaku”, para llegar a un acuerdo y justificar su entrada en el territorio84. El Estado no controvirtió lo anterior. 79 Cfr. Carta titulada “Comunidad de Independientes de Sarayacu filial O.P.I.P.”, sin fecha (expediente de Prueba, tomo 8, folio 4818 y ss); Listado de firmantes del Pueblo Chontayacu, suscrita el 31 de diciembre de 2002 (expediente de Prueba, tomo 8, folio 4825 y ss), y Acta de la Asamblea general del “CAS – TAYJASARUTA”, del 7 de enero de 2003 (expediente de Prueba, tomo 8, folio 4828 y ss). 80 Cfr. Escrito de solicitudes y argumentos, tomo 1, folios 281 y 282. Véase también la declaración juramentada de José María Gualinga Montalvo de 27 de junio de 2011 (expediente de Prueba, tomo 19, folios 10018-10022). 81 Cfr. Resolución tomada por la Asociación Sarayaku-OPIP en la Reunión mantenida con la Compañía CGC, el 25 de junio de 2000 (expediente de Prueba, tomo 8, folios 4812-4813); Carta del 13 de abril de 2002 dirigida al Ministro de Energía y Minas por la Asociación Sarayaku (expediente de Prueba, tomo 8, folios 4815-4816). 82 Cfr. Resolución tomada por la Asociación de Sarayacu-OPIP en la Reunión mantenida con la Compañía CGC, el 25 de junio del 2000 (expediente de Prueba, tomo 10, folios 6109-6110). La Asociación Sarayaku y la Organización de Pueblos Indígenas en Pastaza, OPIP, han adoptado las siguientes decisiones: “Sarayaku ratifica su decisión de no aceptar a ninguna compañía petrolera sea esta CGC y/u otras compañías: petroleras, mineras y madereras; a partir de esta resolución decide no mantener más dialogo ni más negociación con CGC; decide no aceptar los USD$ 60.000 del convenio consejo provincial y la compañía CGC porque este dinero generaría conflictos intercomunitarios de graves consecuencias; Sarayaku no aceptará más reuniones provocadas por la compañía CGC con otras comunidades del bloque; de acuerdo a estas resoluciones se solicita la anulación definitiva del contrato entre CGC y el Estado ecuatoriano en el bloque 23, y estas resoluciones se sustentan en los derechos colectivos reconocidos en la constitución ecuatoriana; en el Convenio Nº 169 de la OIT y “[de]más leyes y organismos internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas”. 83 Cfr. Para febrero de 2003, la CGC había colocado USD$ 350,000 para obras sociales en estas cuatro comunidades. Diario El Comercio de 7 de febrero de 2003, “Mediación para el conflicto de Sarayacu” (expediente de Prueba, tomo 11, folio 6541). Véase también la declaración juramentada de José María Gualinga Montalvo de 27 de junio de 2011 (expediente de Prueba, tomo 19, folio 10018). 84 Cfr. Escrito de solicitudes y argumentos, tomo 1, folio 283, a la pág. 30. Véase asimismo declaración juramentada de José María Gualinga Montalvo de 27 de junio de 2011 (expediente de Prueba, tomo 19, folios 10021), y testimonio rendido por Marlon Santi ante la Corte durante la audiencia pública celebrada el 6 de julio de 2011. - 23 -