Los hechos del caso se relacionan con la inexistencia de recursos judiciales para que los Srs. del Valle Ambrosio y Dominguez Linares interpusieran contra sentencias penales dictadas en su contra en la provincia de Córdoba.

En su sentencia, la CorteIDH estableció la responsabilidad del Estado por la respuesta de los tribunales internos a los recursos intentados por las defensas de las victimas contra las sentencias que los condenaban. En este sentido, reitero su jurisprudencia referida a los estándares que deben observarse para garantizar el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, entendido como garantía mínima del debido proceso legal.