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una oportunidad para confirmar o desistir de la prueba oportunamente ofrecida.
Asimismo, esta Presidencia recuerda que la parte que ofrece una prueba debe asegurar
que su presentación cumpla con los requisitos reglamentarios y que la falta de remisión
de la prueba en el tiempo oportuno y en la forma debida lleva a que la misma sea
declarada inadmisible 3. Por tanto, el Presidente considera inadmisible la declaración
testimonial de Blanca Estela Hernández Franco ofrecida por el Estado.
B.

Admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión
Interamericana y objeciones del Estado a dicha prueba pericial

11. La Comisión ofreció como prueba pericial el dictamen de Carlos Ríos Espinosa, para
declarar sobre “el alcance y contenido de la obligación de los Estados en materia de
salud de las personas privadas de libertad, a la luz del derecho internacional de los
derechos humanos. Específicamente […] a dichas obligaciones estatales en situaciones
que requieren de atención, diagnóstico y seguimientos especializados que superan la
atención médica de urgencia o primaria”.
12. Adicionalmente, la Comisión ofreció el peritaje de Oscar A. Cabrera, para declarar
sobre “los estándares internacionales de derechos humanos a tomar en cuenta al
momento de analizar si un Estado cumplió con su obligación de investigar con la debida
diligencia las distintas responsabilidades derivadas de la muerte de una persona privada
de libertad, cuando existe la hipótesis de la falta de tratamiento médico adecuado como
causa de la muerte”.
13. Además, la Comisión ofreció el peritaje de Alejandro Morlachetti, para declarar
sobre “el alcance y contenido de las obligaciones de los Estados frente a las personas con
discapacidad privadas de libertad. Entre otros aspectos […] las obligaciones específicas
que, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, imponía al Estado
la condición específica de discapacidad que sufría la señora Chinchilla”.
14. Respecto del orden público interamericano, la Comisión señaló que el presente caso
“permitirá a la Corte desarrollar y profundizar su jurisprudencia en materia de los
derechos a la vida, integridad personal y protección judicial de las personas privadas de
libertad que, por un lado, requieren de un tratamiento médico especializado atendiendo
a la naturaleza particular de sus enfermedades y, por el otro, tienen alguna condición de
discapacidad”. Además, señaló que el presente caso “permitirá desarrollar la
jurisprudencia en materia de estándares de debida diligencia en la investigación de
hechos en los cuales se pudo producir la muerte de una persona en custodia del Estado
debido a la falta de atención médica adecuada, así como respecto del alcance del deber
de sancionar a los profesionales de salud, autoridades judiciales y autoridades
penitenciarias, por no proveer un tratamiento médico ni condiciones de detenciones
adecuadas”.
15. La Comisión solicitó que el peritaje de Carlos Ríos Espinosa sea recibido en
audiencia pública y que los peritajes de Alejandro Morlachetti y Oscar A. Cabrera sean
recibidos mediante declaración jurada ante fedatario público.
16. Por su parte, el Estado objetó los tres peritajes propuestos por la Comisión. Al
respecto, señaló que tanto el Estado como la Corte “conocen perfectamente las
3
Cfr. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Resolución del Presidente de la Corte de 27 de julio de
2011, Considerando 9, y Caso Rochac Hernández y Otros Vs. El Salvador. Resolución del Presidente de la Corte
de 3 de marzo de 2014, Considerando 10.

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