Los hechos del caso se refieren  a la respuesta estatal frente al diagnóstico médico y la cirugía por apendicitis crónica a la que se sometió a Melba Peralta Mendoza, y los padecimientos severos y permanentes a su salud que le ocasionaron como consecuencia.

La Corte IDH expuso la falta de diligencias y efectividad de la justicia para investigar los hechos, lo que derivó en la prescripción de la causa judicial. Por otro lado, analizó la vinculación entre el derecho a la integridad personal y la atención a la salud, destacando la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales, y reiteró estándares sobre el deber estatal de regulación y fiscalización de los servicios de salud.