13 locales supuestamente obstaculizaron la presentación o consideración de pruebas de la alegada tortura sufrida por las dos presuntas víctimas; iii) los alegados impedimentos jurídicos y prácticos que enfrentó durante el ejercicio de su defensa, y iv) “la [supuesta] fabricación de pruebas que constató en los procesos penales internos, tanto locales y federales como militares”; 5) Celsa Valdovinos Ríos, defensora de los bosques de Petatlán y acreedora del premio ambiental “Chico Mendes” por su labor en pro del medio ambiente en el estado de Guerrero, testigo propuesto por los representantes, quien declaró sobre: i) “el contexto de devastación ambiental en los bosques de la región”; ii) “el proceso de fundación de la OCESP, haciendo alusión al [supuesto] hostigamiento y a los ataques en contra de los defensores del medio ambiente”; iii) las actividades de la OCESP, incluidas las de las presuntas víctimas del presente caso; iv) los alegados ataques y actos de hostigamiento posteriores a la detención y encarcelamiento de los señores Cabrera y Montiel, y v) las presuntas afectaciones que estos hechos tuvieron en el “proceso organizativo de la OCESP y en la capacidad de sus miembros de asociarse libremente”; 6) Héctor Magallón Larson, coordinador de la Campaña de Bosques y Selvas de Greenpeace, México, experto en temas ambientales y en materia de deforestación, testigo propuesto por los representantes, quien declaró sobre: i) el “conocimiento que Greenpeace-México tuvo sobre la [supuesta] deforestación de los bosques del [e]stado de Guerrero y, en particular, en la región de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán”; ii) las razones que motivaron el involucramiento de Greenpeace en la campaña de liberación de los señores Cabrera y Montiel, y iii) “[el] panorama sobre las [alegadas] adversidades que enfrentan en México los defensores comunitarios del medio ambiente, enfatizando la [supuesta] desprotección de campesinos e indígenas que luchan por preservar los ecosistemas de sus comunidades”; 7) Miguel Carbonell Sánchez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, perito propuesto por la Comisión Interamericana, quien declaró sobre: i) “la intervención de la justicia militar en la investigación y juzgamiento de delitos que no son de función y/o que podrían constituir violaciones a los derechos humanos”; ii) “las tesis de la Suprema Corte de Justicia mexicana en relación con [el] ámbito de aplicación de la justicia militar en México”, y iii) “la regulación constitucional y legal del ámbito de aplicación de la justicia militar en México”; 8) Ernesto López Portillo Vargas, experto en políticas de seguridad pública, Director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde) y Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, perito propuesto por los representantes, quien declaró sobre: i) “las políticas de seguridad implementadas por el Estado […] mediante las cuales se ha [supuestamente] involucrado a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la [alegada] falta de controles adecuados, internos o civiles, sobre la actuación de dichas fuerzas”; ii) “el perfil que debería reunir una instancia de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, y iii) los estándares mínimos de control necesarios para garantizar una adecuada rendición de cuentas por parte de dichas corporaciones, las consecuencias en la actuación de las mismas y el respeto por los derechos humanos de la población civil ante la falta de un control adecuado; 9) José Luis Piñeyro, sociólogo e investigador, Profesor Titular del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco, perito propuesto por los representantes, quien declaró sobre: i) “el contexto particular de la militarización [en el estado] de Guerrero”; ii) “el motivo y el impacto de la presencia de las Fuerzas Armadas en las comunidades rurales guerrerenses y en el movimiento