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sistema. Agregaron que los hechos sucedieron dos días después de que se reunieran con
integrantes del Estado para la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la
Comisión a favor de otros defensores, por lo que señalaron que los hechos eran “una clara
agresión en contra del trabajo realizado por el [CEDEHM] ante el clima de impunidad que
vive el Estado”.
12.
Asimismo, mediante escrito de 19 de julio de 2013, los representantes manifestaron
que la información presentada por el Estado era “insuficiente sobre el plan de
implementación y omite proporcionar avances sobre algunos aspectos que son
fundamentales para la prevención de futuras agresiones”. Además, advirtieron que la
mayoría de los acuerdos establecidos en la reunión de trabajo de 23 de abril de 2013, se
encontraban en periodo de implementación, sin que exista un esfuerzo significativo para
disminuir la situación de riesgo de la beneficiaria. En forma precisa, se refirieron
puntualmente, sobre cada uno de los acuerdos de la reunión de trabajo mencionada, en el
sentido que:
a.
esperaban que se concretaran a la brevedad los acuerdos discutidos, pues el Estado
había adquirido el compromiso de presentar una propuesta respecto de la campaña
de difusión sobre el reconocimiento de la labor de las y los defensores de derechos
humanos “a mas tardar el 23 de mayo de 2013”. Además, señalaron que no quedaba
claro cuáles eran las medidas estructurales que el Estado estaba llevando a cabo para
reconocer la labor de los defensores, en qué consisten y cómo contribuyen
efectivamente para la seguridad y la integridad personal de la beneficiaria;
b.
manifestaron que no se había instalado ningún dispositivo o mecanismo de
seguridad adicional a los botones de emergencia instalados en las oficinas de la
organización CEDEHM y en el domicilio de la beneficiaria;
c.
como consecuencia de las agresiones sufridas el 4 de abril de 2013 en las
instalaciones del CEDEHM, se activaron los botones de emergencia, sin embargo no
obtuvieron respuesta, posteriormente, personal de seguridad pública municipal
acudieron a la organización y precisaron que no había recibido la información debido a
fallas en el sistema, en tal virtud han recibido una revisión periódica. En cuanto a las
cámaras de seguridad, mencionaron que no han recibido información en cuanto a su
funcionamiento, ya que en el mes de “febrero pasado, cuando robaron el vehículo de
una integrante del CEDEHM [les] informaron que las cámaras no habían grabado el
incidente, toda vez que no se encontraban funcionando”;
d.
a la fecha no han recibido los dos equipos de radiocomunicación con el “botón de
pánico” incluido, los cuales el Estado se comprometió a otorgar;
e.
respecto del acompañamiento a la beneficiaria por elementos de seguridad pública,
precisaron que “[s]ería deseable que el Estado trasmitiera oportunamente a la
beneficiaria y sus representantes toda la información relacionada”, ya que el Estado
manifestó que había entregado los oficios mediante los cuales solicitó a las
autoridades locales que brindaran esa atención a ésta;
f.
el contacto de autoridad designado para emergencias era el licenciado Fausto Javier
Tagle, Fiscal Especial para Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, quien había
visitado las instalaciones del CEDEHM el 4 de abril de 2013, en que tuvieron lugar las
agresiones y colocaron los vidrios. Sin embargo, añadieron que el referido fiscal
presentó animadversión por la beneficiaria, ya que en una reunión de trabajo del
asunto Alvarado Reyes, se expresó negativamente de ella;
g.
anexaron al informe una bitácora para registrar las rondas de vigilancia que
realizan los elementos de seguridad pública en las instalaciones del CEDEHM, de la