a que se encuentran expuestos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad”. La representante consideró que “el hecho de denunciarlos penalmente, constituye per se, un acto de desacato a la autoridad de la Corte Interamericana […] y una violación a las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, que imponen que todo Estado debe cumplir las resoluciones de la Corte de buena fe y conforme el principio de pacta sunt servanda” , y c. “se puede generar daños irreparables en los derechos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a ser sometidos arbitrariamente a proceso penal, ser detenidos y destituidos de sus cargos”. 21. Cuatro días antes de que se presentara dicha solicitud de ampliación de medidas (supra Considerando 19), el 1 de agosto de 2019 las representantes de los casos Molina Theissen y Masacres de las Dos Erres presentaron “información adicional sobre hechos recientes y que ponen en riesgo el cumplimiento del punto resolutivo segundo de la resolución de medidas provisionales”. Dicha información está relacionada con la decisión que fue adoptada por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad el 18 de julio de 2019 (supra Considerando 19.b e infra Considerando 29). En su escrito expresaron que “las tres personas […] que votaron a favor de suspender el trámite legislativo, han sido víctimas de una fuerte campaña de estigmatización, descalificación y amenazas, además de la persecución legal a través de procesos penales, relacionados directamente con el otorgamiento [del] amparo” y que “están siendo directamente atacados por los otros órganos del Estado por el solo ejercicio de sus funciones”. Añadieron que, “en este contexto, [los magistrados de la Corte de Constitucionalidad] no cuentan con las condiciones adecuadas para decidir de manera independiente el proceso de amparo”, lo que “coloca nuevamente el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los distintos casos de graves violaciones [a derechos humanos] cometidas durante el conflicto armado guatemalteco decididos por este Tribunal, en grave riesgo”. Sostuvieron que “las acciones emprendidas por el Congreso de la República frente el Órgano Judicial, no solo son una afrenta a la independencia judicial, sino además resultan en sí mismas un desacato a lo dispuesto por la Corte Interamericana” 24. En particular solicitaron a la Corte que: reitere al Estado sus obligaciones en el marco de las Sentencias en cuestión y que se abstenga de tomar cualquier represalia contra las autoridades de la Corte de Constitucionalidad que cumplieron con su deber de ejercer un control de convencionalidad al otorgar un amparo provisional que ordenó suspender el trámite de la LRN. A su vez que inste a Guatemala a garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas, cumpliendo con la suspensión del trámite y el archivo de tal iniciativa. 22. Posteriormente, en respuesta a un pedido efectuado por este Tribunal el 11 de septiembre de 2019, para que las partes presentaran información actualizada sobre la etapa en la que se encontraría la querella penal y el procedimiento de antejuicio (supra Visto 10), las representantes de las víctimas de los casos Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, Bámaca Velásquez, Masacres de las Dos Erres y Molina Theissen, señalaron que “habiéndose presentado la querella, fue trasladado el asunto a la [Corte Suprema de Justicia], que actualmente se encuentra analizando la Particularmente, en su escrito indicaron que: “por ejemplo, el […] proponente de la iniciativa- ha dicho que la resolución de la [Corte de Constitucionalidad] es una aberración, que obedece a una complacencia a las organizaciones sociales que lo que quieren es seguir gozando de los resarcimientos que el Estado ha pagado en los últimos años”. Asimismo, “tildó a los magistrados y magistrada que votaron favorablemente en el amparo de militarfóbicos, felicitando al magistrado que votó en contra” y “aseguró que la decisión viola derechos humanos y afirmó que seguirán luchando para que se revoque la limitación de continuar con el trámite de la iniciativa”. Añadieron que “tal como se informó desde la cuenta oficial del Congreso de la República en Twitter, el mismo legislador remitió una carta al director de la Policía Nacional Civil […] solicitando la captura de la magistrada y los dos magistrados que votaron a favor del amparo”. Cfr. Escrito de 1 de agosto de 2019 de las representantes de los casos Molina Theissen y Masacres de las Dos Erres. 24 10