del Estado”, aumentando así la polarización del país, lo cual les expondría a mayores riesgos contra su vida e integridad personal. 9. Asimismo, en dicha audiencia, los representantes de la CPDH señalaron que, desde el año 2018 hasta la actualidad, contabilizan “más de 153 actos represivos en contra de la organización”, y que los actos intimidatorios se habían incrementado notablemente a partir de septiembre de 2020, momento en que el secretario ejecutivo de la CPDH, fue víctima de un “atentado por perpetrado por personas civiles que lo agredieron estando presente un oficial de la policía”, y tras el cual no se le permitió interponer la correspondiente denuncia. Añadieron que, a pesar de que les dieron un número telefónico para que informasen cuando fueran amenazados, “ese número nunca responden”. Indicaron además que, después de que el secretario ejecutivo de la CPDH realizara intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra “en la que denunciaba la tortura, abusos y crímenes que se estaban cometiendo en ese momento”, su hija fue “víctima de abuso sexual por grupos paramilitares y en presencia de la policía”. A este respecto, otra de las integrantes de la CPDH también relató que el 8 de diciembre de 2020 fue víctima de abuso sexual por parte de miembros de la policía. Los representantes indicaron, asimismo, que recientemente se habían producido varios actos más de hostigamiento y asedio perpetrados por parte de civiles y miembros de la policía, impidiéndoles incluso realizar visitas programadas para recoger denuncias de violaciones de derechos humanos. A título ilustrativo, indicaron que el 21 de abril de 2021 acudieron a la ciudad de Chinandega para realizar un taller y que, desde que llegaron, varias patrullas de la policía rodearon el local y, junto con “miembros del grupo de choque del partido del Gobierno”, les hostigaron, les filmaron y tomaron fotografías, tras lo cual el local donde iban a realizar el taller fue allanado. Posteriormente, los miembros del equipo de la CPDH fueron obligados a abandonar, bajo amenaza de detención, la ciudad de Chinandega. Por último, añadieron que la Policía Nacional no recibe ninguna denuncia proveniente de su organización. Concluyeron indicando que, hasta la fecha, el Estado no había adoptado ninguna medida para el cumplimiento de las presentes medidas provisionales. B. Alegatos y solicitudes del Estado 10. En su informe de 19 de febrero de 2021 (supra Visto 9), el Estado se opuso a los nuevos hechos alegados en particular por la CPDH e indicó que los mismos no habían sido acreditados y no respondían a la realidad objetiva, sino que eran “una interpretación subjetiva, convenenciera y mal intencionada”. Reafirmó que no existía ninguna política gubernamental de perseguir, amenazar y hostigar a personas y defensores de derechos humanos, sino que, por el contrario, existía “plena libertad y espacio para que las personas defensoras de derechos humanos realicen dignamente su labor de defensa, siempre en el marco del respeto a las normas jurídicas internas y a los derechos de los demás”. Manifestó además “su completa disposición y voluntad de cumplir a cabalidad, conforme a las capacidades del país, con las medidas provisionales adoptadas por la Corte”. En este sentido, el Estado indicó que, en cumplimiento de las referidas medidas provisionales emitidas por la Corte, la Policía Nacional prestaba “de forma permanente” seguridad y protección a las instalaciones de la CPDH. Reconoció que, en alguna ocasión, “en cumplimiento de sus funciones de prevención del delito y garantizar la seguridad ciudadana”, detuvo el vehículo en el que viajaban empleados de la CPDH y familiares, a los efectos de solicitarles sus identificaciones y los documentos del vehículo y que, “una vez verificada su situación legal, se les permitió continuar su viaje”. Por último, en relación con el retiro de la personería jurídica de la CPDH, indicó que “este organismo se encuentra en incumplimiento con sus obligaciones conforme las Leyes”. Adicionalmente, el Estado indicó que no había registrado ninguna denuncia contra miembros de la Policía Nacional u otras personas por el supuesto acoso recibido por los miembros de la CPDH. Por último, solicitó que la Corte reconozca que había “transcurrido tiempo” y las personas beneficiarias no habían informado “sobre la ocurrencia 6