Salvo por un informe presentado en agosto de 201841, en el cual se refirió a labores realizadas
en 2017 y 2018, relacionadas, fundamentalmente, con la toma de la declaración de una de las
personas ya condenadas por el homicidio del señor Valle Jaramillo, Colombia no ha indicado
detalladamente cuáles son las diligencias que se han realizado en el marco de esta
investigación, ni los resultados o avances obtenidos a la fecha. Tampoco ha indicado con
claridad quiénes son las personas que están vinculadas a la misma, en particular, agentes
estatales. Al respecto, ya ha sido solicitado en los considerandos anteriores que el Estado
aclare si, en el marco de esta investigación están comprendidos los agentes estatales indicados
en la compulsa de copias efectuada en la sentencia de 24 de noviembre de 2017 del Tribunal
Superior de Medellín (supra Considerandos 10, 11 y 13). Asimismo, se hace notar lo indicado
en este sentido en el informe presentado en mayo de 2019 por la Defensoría del Pueblo de
Colombia (supra Visto 8), en el cual se dejó constancia de que “según lo reportado por la
fiscalía 56 especializada, no hubo ninguna nueva diligencia en los últimos meses”.
21.
Con base en esas razones, este Tribunal considera que, con excepción de la resolución
de la declaratoria de los delitos investigados como crímenes de lesa humanidad (supra
Considerando 17), esta investigación penal no muestra ningún avance sustancial en los últimos
años. De la información presentada por el Estado no se puede desprender que haya avances
en la acusación de otros posibles responsables, que permita continuar a otras etapas del
proceso penal por la muerte del señor Valle Jaramillo, en particular de agentes estatales, aun
cuando existe posibilidad de determinar su participación en estos hechos42.
22.
Al respecto, se solicita al Estado que informe de manera actualizada, concreta y
detallada sobre la investigación penal No. 2100, a fin de que este Tribunal pueda valorar
adecuadamente si existe algún avance en cuanto a la determinación y eventual sanción de
otros posibles responsables de las violaciones objeto del presente caso. Para ello, se deberá
tomar en cuenta lo considerado por el Tribunal en la presente Resolución y referirse, con
especial énfasis: i) al estado actual de esta investigación penal; ii) a las diligencias o acciones
que se hayan llevado a cabo en la misma, fundamentalmente a partir del 2017; iii) a las
diligencias pendientes y el tiempo en que se tienen programado realizar y concluir la etapa de
instrucción, y iv) a las personas que están vinculadas a esta investigación penal.
(iv) Investigación preliminar No. 45.110 ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
23.
Tanto el Estado como los representantes se refirieron a que se encuentra activa la
investigación preliminar No. 45.110, la cual se sigue ante la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia contra quien era Gobernador de Antioquia al momento de los hechos de
este caso. Se le investiga por “los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado,
secuestro, desplazamiento forzado y conexos”, por las masacres ocurridas en los
corregimientos de El Aro y La Granja (municipio de Ituango) y en el municipio de San Roque,
así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, los
cuales ocurrieron entre 1996 y 1998 43 . Debido a que el agente estatal investigado es
41
En su informe de 29 de agosto de 2018, el Estado se refirió a algunas “actuaciones sobresalientes” realizadas
entre 2017 y 2018 en el marco de esta investigación, la mayor parte relacionadas con la toma de la declaración de
una de las personas ya condenadas por el homicidio. Los representantes indicaron que participaron en la diligencia de
declaración rendida el 20 de abril de 2018 por Jaime Alberto Angulo Osorio, una de las personas condenadas por el
homicidio.
42
La Defensoría del Pueblo de Colombia indicó en su informe (supra Visto 8) que los familiares del señor Valle
Jaramillo, “Juan Guillermo Valle y Adriana Valle afirmaron que [… l]as pruebas claras y concretas que señalan la
responsabilidad de agentes estatales en el homicidio del defensor de DD.HH. Jesús Valle Jaramillo no han derivado en
condenas, mientras que los testigos son perseguidos y amenazados y hasta llevados a la muerte o [e]l exilio”.
43
Esta investigación preliminar habría iniciado con “la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía Regional de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y la denuncia formulada por el congresista
Iván Cepeda Castro”. Cfr. Decisión AP2230-2018 emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia el
30 de mayo de 2018 (anexo al informe estatal de 25 de septiembre de 2018).
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