Los hechos del caso se refieren a la privación de la nacionalidad de 2 niñas dominicanas, con ascendencia haitiana, por parte de funcionarios del Registro Civil al negarse a inscribir sus actas de nacimiento.

La Corte IDH estableció estándares acerca del derecho a la nacionalidad en relación a la actuación arbitraria del Estado de privar discriminatoriamente a las víctimas de este derecho, teniendo además en consideración su minoría de edad y la situación de vulnerabilidad a la cual se vieron expuestas. Del mismo modo, la Corte hizo IDH referencia a la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre de las niñas.