Respecto del plazo del proceso penal, la Comisión consideró que los siete años y dos meses que transcurrieron desde el inicio de la investigación hasta la confirmación de la sentencia constituyó un plazo excesivo que no ha sido justificado por el Estado. La CIDH también concluyó que el Estado vulneró el derecho a la protección judicial en tanto no se ejecutó una sentencia que solicitó la reincorporación del señor Grijalva a la Fuerza Naval. Finalmente, la Comisión concluyó que la destitución del señor Grijalva y el proceso penal iniciado en contra del señor Grijalva constituyeron actos de represalia debido a las denuncias efectuadas sobre la participación de militares en graves violaciones de derechos humanos. En consecuencia, la Comisión determinó que el Estado de Ecuador violó su derecho a la libertad de expresión. El Estado de Ecuador ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. La Comisión ha designado a la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão como su Delegada y Delegado. Asimismo, el abogado Erick Acuña Pereda actuará como Asesor Legal. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Fondo 152/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración de dicho informe (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Ecuador mediante comunicación de 25 de enero de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión otorgó una primera prórroga de tres meses al Estado ecuatoriano a fin de que informara sobre el cumplimiento de las recomendaciones. En su segundo informe, el Estado no aportó información actualizada y detallada sobre avances concretos en el cumplimiento de todas las recomendaciones En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana decidió someter a la jurisdicción de la Corte Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo 152/18, ante la necesidad de obtención de justicia en el caso particular. En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por la violación de los derechos a las garantías judiciales, libertad de expresión, y protección judicial, establecidos en los artículos 8.1, 8.2 b), c), f), 13.1 y 25.1 y 25.2 c) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Vicente Aníbal Grijalva Bueno. Asimismo, la CIDH solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Reincorporar a Vicente Aníbal Grijalva Bueno a la Fuerza Naval del Ecuador en una posición de igual categoría al que tendría actualmente de no haber sido destituido. En caso de que esta no sea la voluntad de la víctima o que existan razones objetivas que impidan la reincorporación, el Estado deberá pagar una indemnización por este motivo, que es independiente de las reparaciones relativas al daño material y moral incluidas en la recomendación número dos. 2

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