Respecto del plazo del proceso penal, la Comisión consideró que los siete años y dos meses que
transcurrieron desde el inicio de la investigación hasta la confirmación de la sentencia constituyó un plazo excesivo
que no ha sido justificado por el Estado. La CIDH también concluyó que el Estado vulneró el derecho a la protección
judicial en tanto no se ejecutó una sentencia que solicitó la reincorporación del señor Grijalva a la Fuerza Naval.
Finalmente, la Comisión concluyó que la destitución del señor Grijalva y el proceso penal iniciado en contra
del señor Grijalva constituyeron actos de represalia debido a las denuncias efectuadas sobre la participación de
militares en graves violaciones de derechos humanos. En consecuencia, la Comisión determinó que el Estado de
Ecuador violó su derecho a la libertad de expresión.
El Estado de Ecuador ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de
1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
La Comisión ha designado a la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y al Secretario Ejecutivo
Paulo Abrão como su Delegada y Delegado. Asimismo, el abogado Erick Acuña Pereda actuará como Asesor Legal.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia
del Informe de Fondo 152/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración de
dicho informe (Anexos).
Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Ecuador mediante comunicación de 25 de enero de
2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. La Comisión
otorgó una primera prórroga de tres meses al Estado ecuatoriano a fin de que informara sobre el cumplimiento de
las recomendaciones. En su segundo informe, el Estado no aportó información actualizada y detallada sobre avances
concretos en el cumplimiento de todas las recomendaciones
En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana decidió someter a la jurisdicción de la Corte
Interamericana la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo
152/18, ante la necesidad de obtención de justicia en el caso particular.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del
Estado de Ecuador por la violación de los derechos a las garantías judiciales, libertad de expresión, y protección
judicial, establecidos en los artículos 8.1, 8.2 b), c), f), 13.1 y 25.1 y 25.2 c) de la Convención Americana, en relación
con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Vicente Aníbal Grijalva
Bueno.
Asimismo, la CIDH solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación:
1. Reincorporar a Vicente Aníbal Grijalva Bueno a la Fuerza Naval del Ecuador en una posición de igual
categoría al que tendría actualmente de no haber sido destituido. En caso de que esta no sea la voluntad de la víctima
o que existan razones objetivas que impidan la reincorporación, el Estado deberá pagar una indemnización por este
motivo, que es independiente de las reparaciones relativas al daño material y moral incluidas en la recomendación
número dos.

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