2. Reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo,
incluyendo una compensación económica y medidas de satisfacción para reparar tanto el daño material como
inmaterial.
3. Llevar a cabo los procedimientos penales, administrativos o de otra índole que correspondan,
relacionados con las violaciones de derechos humanos declaradas en Informe de Fondo de manera imparcial,
efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa y establecer las
respectivas responsabilidades.
Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión destaca que el presente caso involucra
cuestiones de orden público interamericano. La Comisión considera que el presente caso le permitirá a la Honorable
Corte profundizar su jurisprudencia sobre la aplicación de garantías judiciales en un procedimiento administrativo
sancionatorio y en un proceso bajo la jurisdicción penal militar, en particular sobre el derecho a contar con una
autoridad imparcial, el derecho de defensa, el principio de presunción de inocencia, la regla de exclusión y el derecho
a contar con decisiones debidamente motivadas. Asimismo, la Comisión resalta que la Corte podrá pronunciarse
sobre los criterios para considerar a una persona como defensor o defensora de derechos humanos, así como al
deber de los Estados para no ejercer actos de represalia frente al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión
en el marco de actos de denuncia pública de violaciones de derechos humanos cometidas por parte de la institución
a la que una persona pertenece.
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de
conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer la
siguiente declaración pericial:
Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, la aplicación de los estándares relativos a personas
defensoras de derechos humanos y prohibición de represalias por el ejercicio de tal defensa mediante la libertad de
expresión en el contexto de la denuncia pública de violaciones de derechos humanos. El/la perito/a se referirá
concretamente a los estándares aplicables en casos en que las represalias se relacionan con el ejercicio del poder
punitivo del Estado tanto penal como administrativo.
El CV del/la perito/a ofrecido/a será incluido en los anexos al Informe de Fondo No. 152/18.
La Comisión pone en conocimiento de la Corte la siguiente información sobre quien actuó como parte
peticionaria a lo largo del trámite del caso:
Francisco López Bermúdez
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Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente,

Marisol Blanchard
Jefa de Gabinete de la Secretaría Ejecutiva

Anexo

3

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