4 hubo tal confusión, dado que durante la reunión celebrada el 9 de noviembre el Estado se había comprometido a hacer las gestiones pertinentes respecto a la asistencia del Secretario de Gobernación. Así, el 11 de noviembre de 2011 se confirmó a los representantes que dicho funcionario estaría presente en el acto público de reconocimiento de responsabilidad pero que, para sorpresa del Estado, los representantes manifestaron que no asistirían a dicho evento. Luego del accidente en el cual falleció el entonces Secretario de Gobernación, el 15 de noviembre de 2011 el Presidente de la República dio una serie de instrucciones a “los funcionarios competentes del Estado”, entre otros, para “realizar todos los esfuerzos para que el acto de reconocimiento de responsabilidad se llevara a cabo a la mayor brevedad” y para “solicitar la comprensión de las víctimas y sus representantes para tal fin”3. Por ello, “por razones de agenda, fácilmente comprensibles, se determinó que la fecha en que la podrían coincidir [los funcionarios federales y estatales previstos para ello] sería el 17 de noviembre de 2011”. El Estado mencionó que “estimó que se contaría con la comprensión y presencia de las víctimas y sus representantes” en dicho acto pues “se les ofreció todo el apoyo material y de cualquier tipo para que participaran en el [mismo]; dado el altísimo nivel de representación del Estado; y en virtud de que se habían satisfecho, sin excepción, todas las solicitudes de las víctimas y sus representantes”. B. Alegatos de los representantes. 8. Los representantes manifestaron que “el Estado llevó a cabo el acto de reconocimiento público ordenado por la […] Corte [cumpliendo] parcialmente con los elementos ordenados en la Sentencia […]”, tales como su realización “mediante una ceremonia pública”, “en presencia de altas autoridades nacionales”, y “en desagravio del señor Rosendo Radilla Pacheco, en el lugar pactado, [con] discursos de los funcionarios [haciendo] referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la Sentencia […]”. No obstante, también señalaron que México “no cumplió con […] elementos fundamentales” de lo ordenado en relación con este punto, puesto que “determinó unilateralmente la fecha de la realización del acto”, es decir, el 17 de noviembre de 2011, y porque no se realizó en presencia de los familiares del señor Radilla Pacheco. Los representantes hicieron referencia a diversas gestiones realizadas con el Estado con anterioridad a fin de llevar a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad originalmente el 14 de noviembre de 2011. En este sentido, manifestaron que, debido a un desacuerdo en cuanto a la asistencia del Secretario de Gobernación al acto mencionado, lo que según los representantes ya había sido acordado con el Estado, ellos “asumi[eron] la suspensión del [mismo] para el día en que estaba inicialmente programado”, y que esto fue confirmado por el Estado a partir del fallecimiento, el 11 de noviembre de 2011, de los funcionarios que encabezarían este evento. Los representantes señalaron que el “diálogo fue retomado por las partes, y el Gobierno propuso, inicialmente, realizar el acto en los días 25 o 18 de noviembre”. Sin embargo, debido “a que Tita Radilla tenía compromisos fuera de México en la semana del 25 de noviembre, que habían sido adquiridos varios meses antes y que, además, recibiría el premio Ponciano Arriaga Leija de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el día 18 de noviembre en [la Ciudad de México], se propuso al Gobierno considerar otras fechas”. En una carta de 14 de noviembre de 2011 dirigida por los representantes al Estado también se menciona que “después de diversas consultas con la familia Radilla, ellos y sus representantes, no esta[ban] de acuerdo en que el evento 3 Asimismo, el Presidente de la República instruyó a tales funcionarios que “acomodaran sus agendas priorizando la satisfacción inmediata de las solicitudes de los peticionarios; llevar a cabo el evento con la presencia incluso de dos Secretarios de Estado[;] brindar todas las facilidades a las víctimas y sus representantes para la celebración del evento[, y] solicitar el apoyo de las altas autoridades del Estado de Guerrero para cumplir con ese propósito”.