INFORME Nº 35/98
CASO 11.760
MANUEL AGUIRRE ROCA, GUILLERMO REY TERRY Y DELIA REVOREDO DE MUR
PERÚ
5 de mayo de 1998
I.

ANTECEDENTES

1. El 2 de junio de 1997 se recibió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante "la Comisión"), una denuncia presentada contra de la República del Perú (en adelante
"el Estado peruano" o "el Estado"), cuyas partes pertinentes fueron transmitidas al Estado por
medio de carta de fecha 16 de julio de 1997, solicitándose información sobre los hechos
denunciados, y en relación a cualquier otro elemento de juicio que permitiera apreciar si en el
caso se habían agotado todos los recursos internos.
2. El 23 de agosto de 1996 se promulgó la Ley Nº 26.657, la cual interpretando el artículo 112
de la Constitución Política del Perú, habilitaba al Presidente Alberto Fujimori F. para una
segunda postulación a la reelección presidencial. Con fecha 29 de agosto de 1996, el Colegio
de Abogados de Lima interpuso ante el Tribunal Constitucional una "acción de
inconstitucionalidad" contra la referida Ley, por violación del artículo 112 de la Constitución.
3. El 27 de diciembre de 1996, el Tribunal Constitucional emitió sentencia, sobre dicha acción,
en ejercicio de la potestad de control difuso, y pronunciándose por la inaplicabilidad de la Ley
No. 26.657 al Presidente Fujimori, publicada recién el 17 y 18 de enero de 1997.1
4. Con fecha 14 de enero de 1997, días antes de la publicación de dicha sentencia, cuarenta
congresistas de la mayoría del Congreso, algunos de los que luego integraron las Comisiones
investigadora y acusadora (infra), enviaron una carta a los miembros del Tribunal, en la que
pretendían prohibir una decisión que declare la inaplicabilidad de la Ley No. 26.657.
5. Con fecha 20 de enero de 1997, el Colegio de Abogados de Lima, interpuso un "recurso de
aclaración" de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 27 de diciembre de 1996,
aclaración que, según los peticionarios, de conformidad con un acuerdo verbal de los miembros
del Tribunal, ratificado posteriormente en acta de Pleno Administrativo, fue absuelto por los
Magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo de Mur, quienes resolvieron indicando que
nada había que aclarar.
6. El 15 de enero de 1997, la Magistrada Delia Revoredo denunció públicamente la posible
sustracción de documentos de su oficina. El 15 y el 20 de enero de 1997, diversos
Congresistas solicitaron la formación de una comisión investigadora que investigue las
denuncias presentadas por la Magistrada en mención.2
7. El 28 de febrero de 1997, el Congreso aprobó la formación de una Comisión, a fin de que
investigara las denuncias sobre hostilización y otros actos de presión contra el Tribunal.
8. En tanto, la Comisión Investigadora del Congreso concluyó su dictamen en mayoría, en el
sentido que debe acusarse por "infracción constitucional" a los señores Magistrados del
Tribunal Constitucional, doctores Ricardo Nugent (Presidente), Manuel Aguirre Roca, Guillermo
Rey Terry y Delia Revoredo de Mur, por haber "usurpado el nombre del Tribunal Constitucional
al resolver el pedido de aclaración formulado por el Colegio de Abogados de Lima en la acción
de inconstitucionalidad No. 002-96-TC".

1 El control difuso de la constitucionalidad de las normas legales se encuentra establecido en el artículo 138 de la
Constitución Política del Perú: "En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una
norma legal, los jueces prefieren la primera...".
2 Los pedidos de formación señalaron: "1) Designar una comisión investigadora multipartidaria de 7 miembros a
efectos de que se esclarezca la denuncia formulada por la Dra. Delia Revoredo de Mur...". "1) Constituir una comisión
de investigación de los presuntos autos de presión contra el Tribunal Constitucional...".
Según información de la agencia EFE, el 14 de abril de 1998, Delia Revoredo de Mur al igual que su marido, se
encuentran actualmente solicitando asilo en Costa Rica, alegando presiones y amenazas contra su integridad física.

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