Los hechos del caso se refieren a la destrucción de la comunidad maya de Río Negro como consecuencia de una serie de masacres ejecutadas por el ejército de Guatemala y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) entre los años 1980 y 1982.

La Corte IDH ubicó los hechos del caso en el contexto del conflicto armado interno ocurrido entre 1962 y 1996 y durante el cual se aplicó la llamada "Doctrina de Seguridad Nacional". En ese marco, el pueblo indígena maya fue considerado un "enemigo interno" por su potencial para convertirse en base social de la guerrilla. Por ello, fue el grupo étnico más afectado por violaciones a los derechos humanos durante esa época, sufriendo desplazamiento forzado y la destrucción de las comunidades. Mujeres y niños/as fueron víctimas especialmente seleccionadas por el efecto simbólico que la violación a sus derechos representaba.

La Corte IDH refirió estándares en materia de desaparición forzada de personas con énfasis en la afectación de la misma sobre la niñez, y desarrolló parámetros sobre la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, y sobre la afectación a la vida cultural y espiritual sufrida por la Comunidad como consecuencia de las violaciones de derecho padecidas.