INFORME Nº 52/00
CASOS 11.830 y 12.038
TRABAJADORES CESADOS DEL CONGRESO
REPÚBLICA
PERÚ
15 de junio de 2000
I.

RESUMEN

1. El presente informe de admisibilidad comprende los casos 11.830 y 12.038 que han sido
reunidos por referirse a los mismos hechos, cuales son el despido de un grupo de 257
trabajadores del Congreso Nacional de la República del Perú (en adelante “Perú”, “el Estado” o
“el Estado peruano”) que impugnaron mediante los recursos internos dos Resoluciones
dictadas en el año 1992 por las cuales se despidió a un total de 1.117 trabajadores de dicho
Congreso. Los peticionarios sostienen que Perú violó en perjuicio de los referidos 257
trabajadores despedidos que utilizaron los recursos de la jurisdicción interna los derechos a
garantías judiciales y a protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la “Convención
Americana”). El Estado alegó que el caso es inadmisible por falta de agotamiento de los
recursos de la jurisdicción interna. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la
Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) considera que la situación que debe
tenerse en cuenta para establecer si se han agotado los recursos de la jurisdicción interna es
aquella existente al decidir sobre la admisibilidad, y decide admitir las denuncias en relación a
las alegadas violaciones a los derechos a garantías judiciales y a protección judicial
consagrados en los artículos 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

2. La denuncia relativa al caso 11.830, presentada originalmente como solicitud de medidas
cautelares por los señores Adolfo Fernández Sare, Angela Valdéz Rivera, Roberto Ribotte
Rodríguez, María Huaranga Soto y Manuel Carranza Rodríguez, tanto en su propio nombre
como en el de otros trabajadores despedidos del Congreso, fue recibida por la CIDH el 18 de
octubre de 1997. El 10 de noviembre de 1997, la Comisión abrió el caso, transmitió las partes
pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le solicitó información a ser presentada dentro
de un plazo de 90 días. Perú respondió el 26 de enero de 1998. El 26 de marzo de 1998, los
peticionarios presentaron a la Comisión una denuncia que reproducía los hechos contenidos en
la solicitud original de medidas cautelares, y presentaron copia de una sentencia dictada por el
Tribunal Constitucional el 24 de noviembre de 1997, publicada en el Diario Oficial “El Peruano”
el 12 de enero de 1998.
3. El 4 de febrero de 1999, Pedro Antonio Quiñones Seminario y Augusto Salomón Bellindo
Orihuela, ambos ex-empleados del Congreso, solicitaron se les tuviera como co-peticionarios
en el caso. Ambas partes presentaron información adicional y observaciones a éstas en
diversas oportunidades. Mediante comunicación de fecha 20 de octubre de 1999, el Colegio de
Abogados de Lima solicitó se le tenga como co-peticionario en el caso y presentó cartas de
distintos ex-trabajadores del Congreso Nacional solicitando que dicho Colegio de Abogados los
representara en el caso 11.830 ante la CIDH.
4. Por otra parte, la denuncia concerniente al caso 12.038, presentada por los señores Zoila
Luz Begazo Salazar, Jorge Luis Pacheco Munayco y otras 19 personas, procediendo tanto en su
propio nombre como en el de otros trabajadores despedidos del Congreso, fue recibida por la
CIDH el 10 de julio de 1998.El 4 de agosto de 1998 la Comisión abrió el caso, transmitió las
partes pertinentes de la denuncia al Estado peruano y le pidió información a ser presentada
dentro de un plazo de 90 días. Perú solicitó prórroga para responder, y concedida ésta, lo hizo
el 11 de noviembre de 1998. El 28 de junio de 1999 la Comisión recibió un escrito de amicus
curiae del Defensor del Pueblo [de Perú].

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