76 236. El Estado alegó que “la falta de intervención del asesor de menores en los supuestos como el del joven Furlan en el cual actuó en juicio con la representación necesaria de sus progenitores, no afectó el ejercicio de [sus] derechos y garantías”. Indicó que “[e]n ninguno de los artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación […] se encuentra tipificada como obligación o deber de los jueces la de requerir la intervención del Asesor de Menores”. En este sentido, manifestó que “la actividad procesal en su totalidad, incluida obviamente, la solicitud de vista e intervención del Asesor de Menores, es de exclusivo resorte de la parte”. Agregó que la “intervención del Ministerio de Menores no sustituye ni puede reemplazar a la actuación que necesariamente y en todos los casos deber tener el representante del incapaz”. Manifest�� que “una vez adquirida la mayoría de edad cesa de pleno derecho la incapacidad de ejercicio […], por lo cual se extinguen tanto la representación necesaria de los padres y la promiscua del Ministerio Pupilar”. Además, manifestó que “la nulidad derivada de la falta de intervención del Asesor de Menores en un proceso como el que tuvo por actor al joven Furlan, es de carácter relativo, desde que […] puede ser subsanada por confirmación expresa o tácita”, de manera que “dada la ratificación de lo actuado por parte del joven Furlan una vez alcanzada la mayoría de edad, la nulidad carece de efectos”. Consideraciones de la Corte 237. La Corte observa que tanto la Comisión como los representantes, en el presente caso, argumentaron que la falta de participación del asesor de menores habría tenido una incidencia directa en la forma en que se desarrolló el proceso civil por daños y perjuicios. Al respecto, el Tribunal nota que la figura del “asesor de menores e incapaces” se encuentra consagrado en el artículo 59 del Código Civil argentino, el cual establece que: “a más de los representantes necesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean demandados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación”. Dicha figura se encuentra reglamentada por la Ley 24.946, mediante la cual se detallan las funciones y facultades de los “defensores públicos de menores e incapaces” 379. 238. El Tribunal destaca que efectivamente el “asesor de menores” cuenta con una amplia gama de facultades las cuales, entre otras cosas, le permiten 380: i) intervenir y 379 El artículo 54 de la Ley 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público). Cfr. Artículo 55, Ley 24.946/1998 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo VII, folio 3155). 380 El artículo 54 de la Ley 24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público) establece lo siguiente: Los Defensores Públicos de Menores e Incapaces en las instancias y fueros que actúen, tendrán los siguientes deberes y atribuciones: a) Intervenir en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo asunto judicial o extrajudicial que afecte la persona o bienes de los menores o incapaces, y entablar en defensa de éstos las acciones y recursos pertinente ya sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios; b) Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público de la Defensa de los Menores e Incapaces, en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentre comprometido el interés de la persona o los bienes de los menores o incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen; c) Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de la persona y bienes de los menores, incapaces e inhabilitados, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieran de asistencia o representación legal: fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes legales, parientes o personas que los tuviesen a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos; d) Asesorar a menores e incapaces, inhabilitados y penados bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que puedan resultar responsables por los actos de los incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de estos; e) Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a mejorar la situación de los menores, incapaces e inhabilitados, así como de los penados que se encuentren bajo la curatela del artículo 12 del Código Penal, cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles sus padres, tutores o curadores o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encuentren. En su caso, podrán por si solos