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6.
Reiterar al Estado que continúe informando a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos cada dos meses sobre las medidas provisionales adoptadas, y requerir a los
beneficiaros de estas medidas o a sus representantes que presenten sus observaciones dentro de
un plazo de cuatro semanas contadas a partir de la notificación de los informes del Estado, y a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a dichos
informes del Estado dentro de un plazo de seis semanas contadas a partir de su recepción.
[…]

2. La comunicación de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 5 de
abril de 2011, mediante la cual se hizo notar a la República Bolivariana de Venezuela (en
adelante “el Estado” o “Venezuela”) que el plazo para remitir el informe estatal requerido
en el punto resolutivo quinto de la Resolución de la Corte de 21 de febrero de 2011 había
vencido el 22 de marzo de 2011 y no había sido recibido aún en esta Secretaría.
3. La comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) de 30 de mayo de 2011, mediante la cual
informó que el 28 de mayo de 2011 fue asesinado “el señor Juan José Barrios [cuando]
habría sido interceptado por dos hombres vestidos de negro, quienes procedieron a
dispararle en varias oportunidades”.
4. La comunicación de la Secretaría de 2 de junio de 2011, mediante la cual solicitó al
Estado la presentación de un informe estatal sobre los recientes hechos relacionados con
el presunto homicidio del señor Juan José Barrios (en adelante también “Juan Barrios”) y
las diligencias que ha realizado al efecto y se reiteró al Estado que adopte, en forma
inmediata y efectiva, todas las medidas necesarias y extraordinarias, adicionales a las que
hubiera adoptado, para proteger y garantizar la vida y integridad personal de los
beneficiarios de las medidas.
5. El informe del Estado de 10 de junio de 2011, mediante el cual hizo referencia a las
diligencias que se han llevado a cabo con el fin de esclarecer los hechos relacionados con
la muerte de Juan Barrios y establecer las responsabilidades penales.
6. El escrito de los representantes de los beneficiarios (en adelante “los
representantes”) de 20 de junio de 2010, mediante el cual remitieron información
adicional a la respuesta del Estado sobre el reciente homicidio del señor Juan José Barrios
y, en general respecto de las medidas provisionales otorgadas en favor de los integrantes
de la familia Barrios.
7. El 23 de junio de 2011 la Comisión presentó sus observaciones al informe estatal, en
las cuales señaló que “el Estado se limitó a informar sobre el inicio de la investigación
penal en la cual se ordenaron diligencias como la inspección técnica del sitio del suceso”.
Además expresó “su profunda preocupación por la limitada información aportada por el
Estado”, y consideró que el Estado debe “otorgar la mayor prioridad a la situación de la
familia Barrios mediante la adopción de medidas inmediatas de protección, las cuales
deberán ser consensuadas con los beneficiarios a través de mecanismos adecuados de
participación”.
CONSIDERANDO QUE:
1.
Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 9 de agosto de 1977
y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981.
2.
El Tribunal ha señalado que las medidas provisionales tienen un carácter cautelar
en el sentido que preservan una situación jurídica, sino también tienen un carácter
fundamentalmente tutelar pues protegen derechos humanos al evitar daños irreparables

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