2

CONSIDERANDO QUE:
1.
En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus
decisiones2, corresponde a la Corte verificar el cumplimiento por parte del Estado de la
obligación de reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la cantidad ordenada en la
Sentencia emitida en el presente caso.
2.
En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia (supra Visto 1) y en atención
a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento del Fondo de Asistencia 3, en el párrafo 320
y en el punto dispositivo octavo del Fallo, la Corte dispuso “el reintegro a[l…] Fondo [de
Asistencia Legal de Víctimas de la Corte] por la cantidad de US$ 993.35 (novecientos
noventa y tres dólares de los Estados Unidos de América con treinta y cinco centavos) por
los gastos incurridos” durante el proceso. La Corte dispuso que dicha cantidad debía ser
reintegrada en el plazo de noventa días, contado a partir de la notificación del Fallo4.
3.
El Tribunal ha constatado que, mediante transferencia realizada el 29 de diciembre
de 2017, el Estado ha cumplido con reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas la
cantidad dispuesta en el párrafo 320 de la Sentencia. Sin embargo, realizó dicho pago diez
meses y veintinueve días después del vencimiento del plazo de 90 días dispuesto en el Fallo
(supra Vistos 1 y 0), y no incluyó un monto por concepto de los intereses moratorios
derivados de ese tiempo de retraso5. Por lo tanto, se requiere al Estado que, a la brevedad,
pague al Fondo de Asistencia de la Corte el monto correspondiente a los referidos intereses
moratorios.
4.
El Tribunal recuerda que la creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema
Interamericano fue aprobada en el 2008 por la Asamblea General de la OEA 6, y se aprobó
que tuviera dos cuentas separadas: una para la Comisión Interamericana y otra para la
Corte Interamericana7. En lo que respecta al financiamiento del Fondo de Asistencia de la
Corte, el Tribunal recuerda que desde su funcionamiento a partir del 2010, este ha
dependido de los aportes de capital voluntarios de fuentes cooperantes y del aporte de un
Estado miembro de la OEA8, así como de los reintegros que realicen los Estados

2

Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención
Americana y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento.
3
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de
Asistencia Legal de Víctimas, aprobado por el Tribunal el 4 de febrero de 2010, y en vigor a partir del 1 de junio de
2010. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/regla_victimas/victimas_esp.pdf.
4
Dicho plazo vencía el 30 de enero de 2017.
5
En el párrafo 324 de la Sentencia, la Corte dispuso que “[e]n caso de que el Estado incurriera en mora,
deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en Guatemala”.
6
Con el “objeto [de] facilitar acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas
que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema”. AG/RES. 2426 (XXXVIII-O/08)
Resolución adoptada por la Asamblea General de la OEA durante la celebración del XXXVIII Período Ordinario de
Sesiones de la OEA, en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008, “Creación del Fondo de
Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, párrafo dispositivo 2.a.
7
El artículo 2.1 del Reglamento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas del Sistema Interamericano,
estipuló que éste se financia por medio de los “[a]portes de capital voluntarios de los Estados miembros de la OEA,
de los Estados Observadores Permanentes, y de otros Estados y donantes que deseen colaborar”. CP/RES. 963
(1728/09), Resolución adoptada el 11 de noviembre de 2009 por el Consejo Permanente de la OEA, “Reglamento
para el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, artículo
2.1.
8
El Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana no cuenta con recursos del
presupuesto ordinario de la OEA. Hasta la fecha los fondos han provenido de proyectos de cooperación firmados
por el Tribunal con Noruega y Dinamarca, y del aporte voluntario realizado por Colombia. Al respecto ver: Informe

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