A.

Posición de los peticionarios

8. El peticionario señaló que fue elegido popularmente el 4 de agosto de 2000 como alcalde del
municipio de Chacao, Estado Miranda, y reelegido en el mismo cargo el 31 de octubre de 2004.
Actualmente permanece en ejercicio del cargo hasta noviembre del presente año, fecha en que
se celebrarán los respectivos comicios, a los cuales aspira presentarse como candidato para la
Alcaldía del Estado Mayor de Caracas. Indicó que como consecuencia de dos sanciones
administrativas impuestas en el año 2004, fue inhabilitado para el ejercicio de nuevos cargos
públicos por los períodos de 3 y 6 años respectivamente por el Contralor General de la
República, entidad administrativa encargada del control de la gestión fiscal.
9. Sobre estas sanciones administrativas detalló que el 21 de octubre de 2004 la Dirección
Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República, declaró
responsabilidad administrativa por supuestas irregularidades en el ejercicio fiscal de 1998
su cargo de Analista de Entorno Nacional en la Oficina del Economista Jefe de Petróleos
Venezuela (PDVSA), y le impuso una multa.

de
su
en
de

10. Agregó que paralelamente al anterior procedimiento, el 12 de julio de 2004 se le inició otra
investigación en la Contraloría General de la República, sobre supuestas modificaciones
presupuestarias en su cargo de alcalde del municipio de Chacao, durante el ejercicio fiscal del
año 2002. Según el peticionario, en este trámite fue impedido de contradecir, alegar y probar
la ausencia de responsabilidad. Indicó que ante esta situación, el 10 de agosto de 2004
interpuso recurso de amparo alegando que no se le respetó el “debido procedimiento”, que se
le había violentado el derecho de defensa y que no había podido participar en la fase más
importante del proceso administrativo. Según el peticionario, este recurso fue declarado
inadmisible el 25 de agosto de 2004. Señaló el peticionario que por los hechos investigados en
este segundo proceso, el 24 de octubre de 2004 la Contraloría General de la República declaró
nuevamente su responsabilidad administrativa, imponiéndole una segunda multa.
11. El peticionario indicó que pasado un año de las declaratorias de responsabilidad, la
Contraloría General de la República emitió resoluciones de 24 de agosto y 26 de septiembre de
2005, mediante las cuales determinó la imposición de la “sanción accesoria” de inhabilitación
para el ejercicio de funciones públicas por un período de 3 y 6 años respectivamente, con base
en las anteriores declaratorias de responsabilidad administrativa.
12. Señaló que esta actuación de la Contraloría tuvo como sustento el artículo 105 de la Ley
Orgánica de dicha entidad que establece:
La declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo previsto en los
artículos 91 y 92 de esta Ley, será sancionada con la multa prevista en el artículo 94, de
acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubieren causado.
Corresponderá al Contralor General de la República de manera exclusiva y excluyente,
sin que medie ningún otro procedimiento, acordar en atención a la entidad del ilícito
cometido, la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no
mayor de veinticuatro (24) meses o la destitución del declarado responsable, cuya
ejecución quedará a cargo de la máxima autoridad; e imponer, atendiendo la gravedad
de la irregularidad cometida, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas
hasta por un máximo de quince (15) años, en cuyo caso deberá remitir la información
pertinente a la dependencia responsable de la administración de los recursos humanos
del ente u organismo en el que ocurrieron los hechos para que realice los trámites
pertinentes.
13. En cuanto a los recursos internos intentados, el peticionario indicó que contra los dos actos
que determinaron su responsabilidad administrativa, interpuso recursos administrativos de
reconsideración, los cuales fueron resueltos por la misma Contraloría el 28 de marzo de 2005,
en el sentido de ratificar la declaratoria de responsabilidad, por lo cual el peticionario interpuso
sendos recursos judiciales de nulidad con solicitud de amparo cautelar ante la Sala Político
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante también “la Sala Político
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