Finalmente, la Comisión concluyó que el Estado violó el derecho a recurrir el fallo y el derecho a
la protección judicial, pues el Reglamento para la Tramitación del Juicio Político expresaba que las
resoluciones que dicte la Cámara de Senadores como Tribunal no podrán ser objeto de recurso alguno.
Pese a lo anterior, las víctimas promovieron acciones de inconstitucionalidad, las cuales fueron resueltas
favorablemente por la Corte Suprema de Justicia, el 30 de diciembre de 2009, esto es, más de seis años
después, sin que el Estado haya fundamentado tal demora en una acción para proteger derechos
fundamentales. Además, el 5 de enero de 2010 la Corte Suprema de Justicia declaró la invalidez de
dichas sentencias favorables argumentando que los magistrados intervinientes no observaron el orden
jurídico al emitirlas. Dicha decisión fue emitida tres días después que el Congreso aprobara la Resolución
no. 1 la cual “repudió enérgicamente” el sentido de las decisiones mencionadas y advirtió a los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, así como a otros funcionarios que “en caso de admitir la
validez de la sentencia, incurrirán en causales de juicio político (…)”. La Comisión concluyó que dicha
resolución, emitida por el órgano que destituyó a las presuntas víctimas en el contexto y la forma
descrita, constituyó una presión externa que claramente generó que la Corte Suprema de Justicia
declarara la invalidez de las sentencias.
En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado paraguayo es responsable por la
violación de los derechos establecidos en los artículos 8.1, 8.2 h), 9 y 25.1 de la Convención Americana
en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de agosto de 1989 y
aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 26 de marzo de 1993.
La Comisión ha designado al Comisionado Joel Hernández García, y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão, como sus delegados. Asimismo, Marisol Blanchard, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Meza
Flores y Christian González Chacón, abogados de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como
asesores legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión
adjunta copia del Informe Nº 17/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como
copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados
en la elaboración del Informe Nº 17/19 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de
Paraguay mediante comunicación de 3 de julio de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para
informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El Estado paraguayo dio respuesta al informe
de fondo de la Comisión rechazando las recomendaciones indicadas en el Informe de Fondo y
argumentando que en los procesos contra las víctimas se respetaron todas las garantías de debido
proceso.
En virtud de lo anterior, la Comisión decidió enviar el caso a la Corte Interamericana ante la
necesidad de obtención de justicia y reparación para las víctimas. La Comisión Interamericana somete a
la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el
informe de fondo 17/19.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad
internacional del Estado de Paraguay por la violación de los derechos a las garantías judiciales, principio
de legalidad y protección judicial establecidos en los artículos 8.1, 8.2h), 9 y 25.1 de la Convención
Americana, en relación con las obligaciones establecida en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento,
en perjuicio de Bonifacio Ríos Avalos y Carlos Fernández Gadea.
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