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violación del derecho a la protección judicial, el Estado señala que el peticionario no interpuso ningún recurso, a
pesar de su condición de abogado y Magistrado.
5.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado
peruano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías
judiciales, legalidad y no retroactividad, y protección judicial, consagrados en los artículos 5, 7, 8, 9, y 25 de la
Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo
instrumento, en perjuicio del señor Galindo Cárdenas. Adicionalmente, la Comisión concluye que en el
presente caso el Estado violó el derecho a la integridad de los familiares del señor Galindo, consagrados en el
artículo 5 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 del mencionado instrumento.
II.

TRÁMITE ANTE LA CIDH

A.

Trámite del caso

6.
La Comisión examinó la petición durante su 110º periodo ordinario de sesiones y aprobó el
Informe de Admisibilidad Nº 14/04 de 27 de febrero de 2004 y lo transmitió a las partes el 11 de marzo de
2004, poniéndose a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto conforme al
artículo 48(1)(f) de la Convención Americana. Adicionalmente, la Comisión solicitó al peticionario que de
acuerdo con el artículo 38(1) de su Reglamento vigente en la época, presentara sus observaciones adicionales
sobre el fondo. El 5 de abril de 2004, la Comisión recibió una comunicación del peticionario en la que informó
que el abogado Richard M. Rocha asumió la representación de la presunta víctima, a la cual se acusó recibo en
comunicación de 10 de mayo de 2004. Posteriormente, el 28 de septiembre de 2004, la CIDH recibió las
observaciones adicionales sobre el fondo del peticionario, las cuales fueron enviadas al Estado peruano en
comunicación de 27 de octubre de 2004, con el plazo de dos meses para presentar sus observaciones
adicionales sobre el fondo.
7.
El 24 de enero de 2005, la Comisión recibió un escrito del peticionario en el que mostraba su
disposición para iniciar el procedimiento de solución amistosa ofrecido por la CIDH, el cual fue trasladado al
Estado en comunicación de 2 de marzo de 2005. Posteriormente, la CIDH recibió el 21 de febrero de 2005,
una solicitud del peticionario a fin de que se celebrara una audiencia pública sobre el caso durante el 122º
periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana. La CIDH informó en comunicación de 8 de
febrero de 2005 que, debido al elevado número de audiencias solicitadas, no sería posible acceder a su
pedido. El 14 de abril de 2005, la Comisión recibió una solicitud de prórroga del Estado para presentar
observaciones. Posteriormente, el Estado presentó sus observaciones adicionales sobre el fondo en
comunicación de fecha 10 de mayo de 2005, las cuales fueron trasladadas al peticionario en comunicación de
25 de mayo de 2005, con el plazo de un mes para presentar observaciones. El Estado no se pronunció sobre
el ofrecimiento realizado por la CIDH de iniciar el procedimiento de solución amistosa.
8.
El 27 de junio de 2005, la CIDH recibió un escrito con las observaciones del peticionario, así
como con una solicitud de que se celebrara una audiencia pública sobre el caso. En comunicación de 6 de
julio de 2005, la Comisión acusó recibo de la anterior comunicación y, en comunicación de 19 de septiembre
de 2005, la CIDH informó al peticionario que no sería posible acceder su pedido durante el 123º periodo
ordinario de sesiones de la Comisión.
9.
El peticionario solicitó nuevamente a la CIDH la celebración de una audiencia pública en
comunicaciones de fecha 12 de septiembre, 15 de diciembre de 2005, el 15 de enero y el 2 de mayo de 2006,
las cuales fueron respondidas por la CIDH en comunicaciones de fecha 13 de febrero y 21 de junio de 2006.
En comunicaciones de fecha 16 de octubre de 2006 y, de 15 de enero de 2007, el peticionario solicitó la
celebración de una audiencia sobre el caso. El 31 de julio de 2007, la CIDH recibió un escrito del peticionario,
que fue trasladado al Estado en comunicación de 27 de septiembre de 2007. El Estado solicitó la concesión de
una prórroga de un mes en comunicación de 26 de octubre de 2007, la cual fue concedida por la CIDH en
comunicación de 5 de noviembre de 2007. En comunicaciones de 29 de octubre y 28 de noviembre de 2007,
el peticionario solicitó que se celebrara una audiencia sobre el caso durante el siguiente periodo de sesiones

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