2
de la Comisión el 28 de octubre de 1998.
2.
La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 61 de la Convención
Americana, con la finalidad de que la Corte declarara la responsabilidad internacional
de la República Dominicana por la presunta violación de los artículos 3 (Derecho al
Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos
del Niño), 20 (Derecho a la Nacionalidad), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección
Judicial) de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 (Obligación
de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno)
del mismo instrumento convencional, en perjuicio de las niñas Dilcia Oliven Yean y
Violeta Bosico Cofi1 (en adelante “las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico”, “las niñas
Yean y Bosico”, “las niñas Dilcia y Violeta”, “las niñas” o “las presuntas víctimas”), en
relación con los hechos acaecidos y los derechos violados desde el 25 de marzo de
1999, fecha en que la República Dominicana reconoció la competencia contenciosa
de la Corte.
3.
La Comisión alegó en su demanda que el Estado, a través de sus autoridades
del Registro Civil, negó a las niñas Yean y Bosico la emisión de sus actas de
nacimiento, a pesar de que ellas nacieron en el territorio del Estado y de que la
Constitución de la República Dominicana (en adelante “la Constitución”) establece el
principio del ius soli para determinar quienes son ciudadanos dominicanos. La
Comisión señaló que el Estado obligó a las presuntas víctimas a permanecer en una
situación de continua ilegalidad y vulnerabilidad social, violaciones que adquieren
una dimensión más grave cuando se trata de menores, toda vez que la República
Dominicana negó a las niñas Yean y Bosico su derecho a la nacionalidad dominicana
y las mantuvo como apátridas hasta el 25 de septiembre de 2001. Según la
Comisión, la niña Violeta Bosico se vio imposibilitada de asistir a la escuela por un
año debido a la falta de documentos de identidad. La inexistencia de un mecanismo
o procedimiento para que un individuo apele una decisión del Registro Civil ante el
Juez de Primera Instancia, así como las acciones discriminatorias de los oficiales del
Registro Civil que no permitieron a las presuntas víctimas obtener sus actas de
nacimiento, son igualmente alegadas por la Comisión como violaciones a
determinados derechos consagrados en la Convención. Asimismo, la Comisión
solicitó a la Corte que ordenara al Estado que otorgue una reparación que
comprometa una plena satisfacción por las presuntas violaciones de derechos
ocurridas en perjuicio de las niñas. Además, pidió que el Estado adopte las medidas
legislativas o de otra índole necesarias para garantizar el respeto a los derechos
consagrados en la Convención y establezca directrices que contengan requisitos
razonables para la inscripción tardía de nacimiento y no impongan cargas excesivas
ni discriminatorias, con el objeto de facilitar los registros de los niños domínicohaitianos. Finalmente, la Comisión requirió a la Corte que ordenara al Estado pagar
las costas y gastos razonables generados en la tramitación del caso en la jurisdicción
interna y ante los órganos del sistema interamericano.
II
Competencia
4.
La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la
Convención, para conocer sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo,
1

El 25 de marzo de 1999, fecha en la cual el Estado reconoció la competencia contenciosa de la
Corte, Dilcia Yean tenía 2 años de edad, y Violeta Bosico tenía 14 años de edad.

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