2 DESC a partir del artículo 26 de conformidad con el voto concurrente que ya había presentado en el pasado y añadiré las preocupaciones que esta Sentencia me genera al respecto; ii) señalaré el por qué, a mi parecer, este caso en particular no es pertinente para arribar a una declaración de la vulneración del artículo 26 de la CADH y ni siquiera para entrar en este debate, y iii) indicaré las falencias argumentativas de la Sentencia que hacen de éste un precedente muy delicado en el marco de la jurisprudencia de la Corte IDH. B. ARGUMENTOS PRINCIPALES EN CONTRA DE LA JUSTICIABILIDAD DIRECTA DE LOS DESC A PARTIR DEL ARTÍCULO 26 DE LA CADH 5. Debido a que en el mencionado voto concurrente hice una explicación amplia de cada argumento que sustenta mi posición, estimo que no es pertinente reproducirlos nuevamente de forma extensa, por lo que me centraré en las conclusiones y reflexiones más relevantes de dicho escrito. 6. Sin embargo y de manera preliminar, deseo reiterar que mi posición sobre la competencia de la Corte IDH no debe ser entendida como una forma de negar la importancia y la necesidad de hacer justiciables los DESC, pues son dos temas distintos. De hecho, la amplia jurisprudencia sobre la materia que ayude a desarrollar durante mi ejercicio como magistrado de la Corte Constitucional colombiana1, acredita que mi postura es favorable a garantizar estos derechos de manera directa cuando las condiciones de competencia están dadas. De forma que mi debate no se centra en si los DESC son derechos que deben ser respetados y garantizados por los Estados a las personas, sino en la forma en que se alcanza esa justiciabilidad en el sistema interamericano en particular. Dicho lo anterior, procederé a recordar porque la aplicación directa del artículo 26 de la Convención Americana es efectivamente tan conflictiva. a) Alcances del artículo 26 de la Convención Americana 7. El alcance de este artículo ha sido ampliamente discutido por académicos2 y al interior de la Corte IDH3, por lo que el debate ha intentado ampliarse a temas tales como el carácter prestacional de los DESC o la indivisibilidad de los mismos, cuando la pregunta central que debe realizarse para entender el alcance de este derecho es: ¿contiene el artículo 26 de la CADH derechos subjetivos? 8. Al respecto, ya he demostrado en oportunidades anteriores 4 que el artículo 265 de la CADH no establece un catálogo de derechos, sino que la obligación que este artículo implica y que la Corte puede supervisar de manera directa es el cumplimiento de la obligación de 1 Al respecto, ver línea jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia sobre transmutación de los DESC. Por ejemplo, T- 1079 de 2007. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-1079-07.htm 2 En este sentido, ver por ejemplo: Oswaldo Ruiz Chiriboga, The American Convention and The Protocol Of San Salvador: Two Intertwined Treaties Non-Enforceability Of Economic, Social And Cultural Rights In The Inter-American System, Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 31/2 (2013); Abramovich, V. and Rossi, J., ‘La Tutela de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos’, Estudios Socio-Jurídicos, Vol. 9, 2007; Oscar Parra Vera, Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ante el sistema interamericano, Comisión Nacional de los Derechos Humanos México, 2011. 3 Ver voto disidente del Juez Ferrar McGregor en el Caso González Lluy y otros Vs. Ecuador o voto de los jueces Caldas y Ferrer McGregor en el Caso Canales Huapaya y otros Vs. Perú. 4 Al respecto, voto concurrente Caso González Lluy y otros Vs. Ecuador, párrs. 7 a 11. 5 CAPITULO III. DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Artículo 26. Desarrollo Progresivo Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. (Subrayado fuera del texto).