Los hechos del caso se relacionan con las afectaciones a la integridad personal de Valdemir Quispialaya Vilcapoma quien durante su servicio militar -en enero de 2001- fue agredido físicamente por un oficial del Ejército por haber cometido errores durante una práctica de tiro.

Los trámites sustanciados ante la jurisdicción militar determinaron que las lesiones sufridas habían sido consecuencia del servicio; tampoco la justicia penal estableció responsabilidad por lo ocurrido.

La CorteIDH desarrolló estándares sobre la posición de garante del Estado respecto de personas bajo su custodia, estableciendo la situación diferenciada de quienes prestan el servicio militar; y reiteró sus anteriores valoraciones respecto del alcance de la competencia de la jurisdicción militar.